La cumbre de la Comisión de la Unión Europea ha necesitado más de cinco días para aprobar un plan de ayudas para salvar la crisis provocada por el coronavirus de 750.000 millones de euros, de los que España tendrá acceso a 140.000 millones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no oculta su satisfacción por el acuerdo alcanzado, que supone el poder salvar la cuentas del país con una economía rota a causa de la pandemia. El acuerdo de Bruselas, además, supone un importante cambio de rumbo en la política comunitaria, que acepta la emisión de deuda soberana por parte de todos sus miembros. Sin embargo, buena parte de los fondos están condicionados a la supervisión de los llamados países frugales; el pacto tiene mucha letra pequeña.
No hay carta blanca.
Los países del sur europeo –España, Italia y Francia– han conseguido librarse del corsé económico del grupo más reticente en las ayudas –Holanda, Austria y Polonia, junto a Escandinavia–, aunque a costa de aceptar una importante tutela sobre el cómo se gastan las ayudas y con un importante derecho de veto en caso de que se incumplan las condiciones. Casi la mitad de los fondos que recibirá España se corresponde con créditos a devolver, circunstancia que a la vista de la situación de las cuentas públicas supondrá tener que introducir recortes importantes en determinadas prestaciones sociales e incrementar la presión fiscal.
Un respiro.
Con todo, la UE se consolida como una pieza indispensable para afrontar episodios tan adversos como el actual, que son imposibles de afrontar en solitario. En este sentido, y a pesar de las dificultades, en Bruselas se reafirmó el principio de que la unión hace la fuerza. Queda ahora por delante la gestión del Gobierno con las ayudas europeas, un importante alivio para encarar el futuro que, en absoluto, supone un cheque en blanco.
