Apesar del intento de revestir con cierto ceremonial el ajustado acuerdo de la Federación Española de Municipios y Províncias con el Gobierno, lo cierto es que, con excepción de los controlados por los socialistas, la mayoría de ayuntamientos no ocultan su indignación ante la práctica incautación de sus ahorros.
Son un total de 16.000 millones los que el Gobierno quiere ingresar de los fondos municipales, obtenidos por la contención del gasto que impuso la llamada ‘ley Montoro’ del PP para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
Sólo en el caso de Baleares la cifra rebasa los 555 millones de euros. En el caso de las Pitiusas, se superan los 111 millones de euros entre Ibiza y Formentera.
Imposición pura y dura.
El Gobierno justifica la decisión en la necesidad de obtener liquidez para hacer frente a las medidas de reactivación económica, un objetivo que, en términos generales, no cuestionan los alcaldes afectados.
La indignación deriva en los modos con los que pretende actuar el Estado sobre un dinero que han aportado con sus impuestos los vecinos, los cuales deberían ser los primeros beneficiados.
Los planes gubernamentales no han contado con la colaboración de las instituciones locales para fomentar la inversión pública, se ha optado por la requisa sin posibilidad de negociación o consenso.
Presión política.
En Baleares, formaciones como Més o el PI proponen la salida de la FEMP, además de abogar por la insumisión frente a las pretensiones del Gobierno. La totalidad de formaciones en la oposición, incluido el PP, y los alcaldes de grandes ciudades españolas han manifestado su rechazo total y absoluto a la entrega voluntaria de todos estos recursos.
La FEMP, que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se encuentra al borde del colapso y son ya casi 200 diputados en el Congreso los que están dispuestos a bloquear la iniciativa.
El presidente Sánchez tiene abierto un complicado frente con el poder municipal del que sólo puede salir negociando.
