Si ya no resulta extraño escuchar a dirigentes socialistas defender la Monarquía como institución, sí lo es comprobar con qué argumentos lo hacen. La última que ha salido con un discurso promonárquico ha sido la ministra Margarita Robles, y ante una situación más que problemática: la marcha de don Juan Carlos de España y su reclusión en los Emiratos Árabes. La titular de Defensa ha dicho que hacer juicios de culpabilidad contra el rey emérito «cuestiona las bases del Estado de Derecho. Hay que defender la presunción de inocencia, sea de quien sea», indicó, pasando por alto que Felipe VI ya apartó a don Juan Carlos de las funciones de Estado por fundadas razones.

El auténtico escándalo.
Es una obviedad que el rey emérito debe ser investigado como cualquier sospechoso de defraudar al Estado cien millones de euros. En este tipo de casos Hacienda siempre ha demostrado un celo extremo: es dura e intransigente. El auténtico escándalo sería que el fisco y la fiscalía miraran hacia otro lado. Eso sería una afrenta para todos los contribuyentes, una burla al estado de derecho, y una indignidad para la institución que representó el rey emérito.

El mensaje «real».
Pero oír a Margarita Robles defender la presunción de inocencia hasta que un tribunal dicte sentencia resulta «esperpéntico», como diría ella si fuera capaz de criticarse a sí misma. La ministra es una política lenguaraz que no deja títere con cabeza cuando se trata de anular al contrario. Y su partido político, como la mayoría, esparce maldades y descalificaciones a los cuatro vientos mediáticos cuando quiere levantar sospechas. Que ella apuntale a don Juan Carlos con el argumento de la presunción de inocencia es un sarcasmo. Lo mejor es que la Justicia actúe pronto y sea el propio rey emérito quien se defienda de las acusaciones o pague aquello que, al parecer, debe a la Hacienda pública. Ese era el mensaje que debió trasladar un ministro del Gobierno de España.