Editorial

Primera victoria judicial de los ‘Don Pepe’

Ibiza |

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La justicia ha dictaminado que no hay ninguna razón para que el Ayuntamiento de Sant Josep no continúe pagando el alojamiento de los vecinos desalojados de la escalera dos de los apartamentos Don Pepe. En la resolución, emitida de urgencia por el juzgado contencioso ante la gravedad de la situación las personas que no tenían donde dormir hasta ayer, obliga al Consistorio a costear los gastos de las vecinos desalojados.

Una solución parcial.
Se trata de una solución parcial que alivia la dramática situación que están viviendo los vecinos que fueron expulsados de sus casas tras los informes de los técnicos municipales que advertían del peligro de derrumbe del inmueble y que ha permitido poner fin a la acampada reivindicativa a las puertas del Consistorio. No obstante, no resuelve el problema social de primera magnitud que hay detrás del desalojo. De momento, el Ayuntamiento de Sant Josep no ha ofrecido ni una sola alternativa, más allá de costear el alojamiento hasta el pasado día 23 de agosto, a los vecinos de un inmueble cuya construcción se hizo sin licencia, según el Ayuntamiento, y que sucesivos cambios urbanísticos lo han dejado fuera de ordenación, situación que impide su reforma.

La implicación del Govern.
El Govern tampoco ha dado ningún paso que permita a los vecinos albergar esperanza de alguna solución satisfactoria. De hecho, los partidos que dan soporte al Ejecutivo de Armengol votaron en contra en el Parlament a una iniciativa del Partido Popular encaminada a facilitar la reforma del inmueble, a pesar de estar fuera de ordenación, tal como sucede, defienden los populares, en otras comunidades como Cataluña. Los propietarios aún mantienen la esperanza de revertir la opinión de los técnicos municipales, tanto por las dudas jurídicas que hay sobre la construcción sin licencia como a que no se puedan acometer las obras necesarias para garantizar la habitabilidad del inmueble. Ayuntamiento y Govern balear deben buscar una salida que evite el drama social que supondría para los vecinos ser expulsados definitivamente de sus propiedades, ya que ellos no han generado ni son culpables de esta situación.