Editorial

Inaceptable incapacidad de ejecución

Ibiza |

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La negativa de la Secretaría de Estado de Turismo a volver a dar una nueva prórroga a la ejecución de tres proyectos conveniados en 2010 pone de manifiesto una vez más la incapacidad de las administraciones para ejecutar los proyectos para los que tienen fondos garantizados. Las complejas tramitaciones y la intervención de múltiples administraciones no son motivo suficiente para justificar el retraso de una década en la puesta en marcha de la rehabilitación del edificio del Observatorio Turístico de sa Coma, el centro de interpretación y adecuación del parque de ses Feixes y el soterramiento de cables y senderos turísticos en ses Salines.

Cuatro millones de euros que vuelan.
La principal consecuencia de la incapacidad de la que han hecho gala los sucesivos gobiernos del Consell d’Eivissa desde 2010 hasta hoy (Xico Tarrés, Vicent Serra, Vicent Torres y Vicent Marí) para ejecutar unas inversiones que fueron objeto de duras negociaciones hasta su inclusión en los denominados fondos estatutarios es que cuatro millones de euros de todos los ibicencos vuelven a Madrid sin que las tres actuaciones que entonces se consideraron estratégicas hayan sido ejecutadas. No cabe, además, en este caso alegar desconocimiento sobre la praxis del Estado en estos asuntos porque proyectos de Menorca y de Mallorca que fueron objeto de convenios y de financiación a través de los fondos estatutarios han corrido la misma suerte, en ocasiones hasta incluso con el pago de intereses por haber recibido los fondos anticipadamente.

Reivindicación necesaria.
Hace bien el presidente del Consell d’Eivissa en solicitar la mediación de la presidenta del Govern, Francina Armengol quien también cubrirá el expediente reclamando al Estado que pague lo que es de todos los ibicencos. A la vista de los antecedentes y del proceder habitual de las cúpulas de los ministerios, hará falta mucho más que palabras reivindicativas para convencer a Madrid de que somos merecedores de una nueva prórroga para poner en marcha proyectos que acumulan un retraso de una década y de que la responsabilidad no es del Consell d’Eivissa sino de otros.