Editorial

Demagogia sobre el puerto de Sant Antoni

Ibiza |

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A pesar de que la moratoria aprobada sobre el tráfico comercial en el bahía de Sant Antoni acaba el próximo día 31 de diciembre y de que la competencia sobre él recae exclusivamente en el ente autonómico Ports IB, el Govern balear está dilatando en exceso los trabajos encaminados a articular una solución satisfactoria. Lo único que sabemos hasta el momento es que Ports IB no se está dando por aludido con el resultado de la votación que se produjo en el Ayuntamiento de Sant Antoni la semana pasada al estar eludiendo comprometerse a aplicarlo, de lo que se desprende que no tiene intención, como es lógico, de cerrar el puerto al tráfico comercial, una decisión a todas luces contraria al interés general.

Un único puerto, un absurdo.
Cualquier solución ha de partir de la premisa de que la isla de Ibiza no puede quedar únicamente con el puerto de Vila operativo, ya que cualquier incidente en el mismo dejaría la isla incomunicada por vía marítima y, por lo tanto, con grave riesgo de quedar desabastecida. Mantener el puerto de Sant Antoni operativo es, pues, incompatible con permitir otros usos en la zona portuaria de Portmany, ya que los imprevistos de los mismos se caracterizan por no avisar y los planes de contingencia bien hechos, por estar diseñados para dar respuesta al peor escenario. Sería, por lo tanto, una mayúscula irresponsabilidad un planteamiento que no parta de esta premisa.

Preparado para el tráfico marítimo.
Es demagógico, además, aspirar a que las navieras operen en Sant Antoni, si en las bodegas de sus barcos no viajan mercaderías, por lo que el debate no debe ser planteado en estos términos. Es responsabilidad exclusiva del Govern promover un acuerdo satisfactorio para el interés general que, además del criterio estratégico anterior, contemple mecanismos que permitan reducir los inconvenientes que produce la actividad marítima y que nadie discute, de la misma manera que nadie discute las molestias de un aeropuerto o de un vertedero y ningún grupo político municipal razonable aspira a que su opinión se imponga sobre las demás para que sean cerrados.