Los aeropuertos españoles recibieron ayer a los primeros pasajeros procedentes de países de riesgo por coronavirus a los que se exige una prueba PCR negativa, realizada obligatoriamente 72 horas antes de su llegada, para poder entrar en España. Ibiza no aplica la medida porque carece de vuelos internacionales en estos momentos. A pesar de los beneficios de la medida para controlar la pandemia, el presidente de la Federación de Agencias de Viajes Españolas, César Gutiérrez, la cuestionó ayer y reclamó test de antígenos, a pesar de que no son válidos para identificar asintomáticos, en la misma línea que hizo Gabriel Escarrer el jueves en el Foro Turismo de Santa Eulària.

Medida contradictoria.
Los test de antígenos están permitidos, sorprendentemente, para aquellos viajeros que no se hayan sometido a la PCR en origen, una medida contradictoria, otra más, ya que si son válidos para las excepciones, deberían serlo también en general, ya que son más económicos y rápidos. La realidad es que hasta que no se demuestre lo contrario, permitir test de antígenos va en contra del objetivo que se persigue, evitar la introducción del virus, por lo que su uso debería evitarse. De hecho, según el BOE, solo pueden presentarse pruebas PCR. Conviene, pues, que el Gobierno aclare otro galimatías que demuestra una vez más la fragilidad de sus razonamientos.

Pasajeros procedentes de la Península.
Mayor es aún la contradicción que supone no exigir estas pruebas a los pasajeros que proceden de otros aeropuertos nacionales, puesto que la Península presenta, en general, una peor situación epidemiológica que países como Alemania y Gran Bretaña. En Baleares, debemos aprovechar nuestra condición insular, transformándola en oportunidad, para evitar su entrada en el Archipiélago y así transmitir un mensaje contundente de región segura, objetivo que no se alcanzará, si antes no logramos reducir el índice de casos que tenemos en la actualidad. El Govern ha de seguir exigiendo al Ministerio de Sanidad los controles a quienes lleguen desde la Península. Y el sector turístico, por su parte, ha de tener altura de miras y dejar de cuestionar la medida por un interés particular cortoplacista.