Han sido necesarios meses de negociaciones para que el Gobierno central aceptara la puesta en marcha de un control eficaz ante la llegada de pasajeros, en puertos y aeropuertos, nacionales a Baleares. Exigir la presentación de una PCR negativa sólo a los procedentes del extranjero no resolvía las probabilidades de expansión de los contagios, pero la obstinada oposición del Ministerio de Sanidad ha cedido ante el preocupante incremento de casos en las Islas y el apoyo del Gobierno canario. Hay que darle la bienvenida al cambio de actitud por parte de los responsables estatales, pero también cabe preguntarse cuánto tiempo se ha perdido.
Evitar errores del pasado.
Desde el Govern se había tomado buena nota del efecto que tuvo durante la primera ola el regreso masivo de residentes de la Isla en la Península, circunstancia que evitó aprovecharse de la barrera natural del mar para frenar la llegada del virus. Entonces, se reclamó por parte de Baleares la suspensión de vuelos y la llegada de pasaje, una petición que fue rechazada. En esta segunda ola, y para que no se repitiese una situación similar, la presidenta Armengol insistió en incluir la exigencia de una PCR negativa a los viajeros nacionales; de manera incomprensible, el ministro Illa ha demorado la correspondiente autorización.
Dar facilidades.
Dentro de los planes diseñados por el Govern, ahora ya sí en colaboración con el Estado, figura una importante red de laboratorios concertados para facilitar las pruebas PCR a los residentes de manera gratuita. El gesto es importante. En estas fechas el precio de los pasajes alcanza precios desorbitados, un coste al que habría que añadir los análisis anti COVID y que, en este caso, asumirán las cuentas autonómicas. El esfuerzo es razonable y confirma la voluntad de mantener un pulso serio, sin fisuras, riguroso contra la expansión del virus en Baleares.
