El cese del jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el general Villarroya, es el último episodio del rosario de cargos públicos que han sido vacunados contra la COVID-19 saltándose los protocolos aprobados por el Ministerio de Sanidad, el cual establecía el orden de prioridades en la campaña de inmunización. El de la cúpula militar no es, por desgracia, un caso único. Consejeros autonómicos, alcaldes y concejales de distintas formaciones políticas también forman parte de este grupo de privilegiados que, aprovechándose de su cargo institucional, han obtenido la protección contra el virus. La indignación ciudadana está más que justificada.
Pretextos absurdos.
La justificación para este comportamiento ha puesto, una vez más, el desprecio de algunos de los dirigentes políticos de nuestro país a la inteligencia de los ciudadanos. Recurrir a los argumentos más infantiles son el síntoma claro de la desfachatez con la que han actuado quienes, precisamente, están llamados a ser ejemplo ante la sociedad. En todo caso, lo ocurrido también deja en evidencia el descontrol, que cabe pensar que sólo de manera puntual, existente en la dispensación de las vacunas contra la COVID-19. No tiene sentido que los equipos sanitarios inmunicen a personas o colectivos que no figuran entre los grupos seleccionados, ante estas situaciones cabe directamente la denuncia por los canales correspondientes.
Protocolos consensuados.
El orden de prioridades establecido en la campaña de vacunación, consensuado entre el Ministerio de Sanidad y las consejerías, deja clara la secuencia de inmunización prevista. Todos estos episodios lastran la imprescindible transparencia que debe presidir un proceso tan delicado y trascendente, en todos los órdenes, como es la distribución de la vacuna para el conjunto del país. La contundencia, en estos casos, nunca es exagerada para evitar la tentación de quererse saltar la cola.
