Una denuncia anónima detalla ante la Oficina Anticorrupció el cobro irregular de dietas por parte de algunos diputados del Parlament, una información muy pormenorizada a la que los primeros indicios le otorgan verosimilitud y que, sin duda, deben ser investigadas en profundidad y con urgencia. El asunto vuelve a poner en el centro del debate social el comportamiento de determinados políticos que, como en el caso de las vacunaciones, parece tener asumida una picaresca que los ciudadanos rechazan; y más en unos momentos tan complicados como los actuales en los que son patentes los efectos de la crisis en todos los ámbitos.
Acabar con los abusos.
El mero hecho de que se haya formulado una denuncia de estas características ante la Oficina Anticorrupció supone una falta de controles previos, el Parlament no fiscaliza los pagos que realiza a sus diputados por los diferentes conceptos. La primera cuestión a resolver es determinar desde cuándo se produce esta situación anómala. Al margen de la responsabilidad directa de los implicados, también resulta extraño que los diferentes grupos parlamentarios no conozcan los sobresueldos que se procuraban algunos de sus diputados. Todo este episodio proyecta una sombra de, pendiente todavía de contrastar todos sus detalles, falta de escrúpulos por parte de sus protagonistas al mismo tiempo que de una falta de celo institucional en la gestión de los recursos públicos.
Máxima ejemplaridad.
Del mismo modo que hay una clara censura social ante quienes se han aprovecha de sus cargos públicos para acceder a la inmunidad frente a la COVID-19, es indispensable exigir la censura política de quienes se han lucrado mediante el engaño al Parlament y, por supuesto, presenten su dimisión. El compromiso con la transparencia a la que se alude de manera recurrente no puede ser un concepto manejado según convenga. No puede haber excepciones.
