La familia del policía local que murió atropellado en 2016 cuando circulaba en su bicicleta en las inmediaciones de Sineu junto a su hijo, Biel Llull, ha vuelto a poner sobre el tapete la lentitud con la que trabaja la justicia española (ver más información en la página 18). Cuatro años después del accidente y dos de la sentencia que condenó a la conductora ésta, que conducía bajo los efectos del alcohol, todavía no ha ingresado en prisión para cumplir los dos años y siete meses de cárcel. Con todos los recursos fallidos y la petición de indulto al Gobierno denegada, la autora del atropello mortal sigue sin saldar su deuda con la justicia.
Endurecer las penas.
La denuncia de Biel Llull se suma a la de otras muchos familiares de víctimas mortales de accidentes de tráfico que consideran, y con razón, que el castigo a los responsables de este tipo de delitos es demasiado suave. En especial cuando se suman factores como la negligencia o el consumo de alcohol y drogas. Las peticiones de un cambio en profundidad del Código Penal cuenta con el apoyo de decenas de miles de ciudadanos no comparten la laxitud del actual marco jurídico español –extremadamente garantista– para este tipo de situaciones, el cual propicia situaciones como la de la autora del atropello mortal del ciclista.
Acelerar los cumplimientos.
En el año 2019 entró en vigor la reforma que agravaba las posibles penas al introducir como agravantes el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos de las drogas, incrementando hasta seis años la condena de cárcel en el caso de que fueran dos las víctimas mortales o nueve si son muchas más. La cuestión ahora es que la exigencia en el cumplimiento de estas sentencias se demoran de manera incomprensible, un aspecto que también merece ser objeto de revisión para que no se repitan situaciones como las que denuncian los familiares de Biel Llull. La justicia no es sólo emitir las sentencias, también hay que exigir su cumplimiento sin demoras.