La retirada de la inmunidad de los eurodiputados catalanes Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí se ha convertido en un episodio más del procés independentista de Catalunya. La decisión del Parlamento Europeo ha evidenciado que el tema no concita la unanimidad, toda vez que el resultado confirma que ningún bloque ideológico –liberal o progresista– ha podido evitar fisuras entre sus filas en el momento de valorar la situación en la que debían quedar los políticos condenados por el Tribunal Supremo. La campaña internacional del independentismo catalán ha hecho mella y prolonga las dificultades para encontrar una solución al conflicto.
Las dudas jurídicas de Llarena.
El hecho de retirar la inmunidad de Puigdemont y sus consejeros no garantiza su entrega a las autoridades españolas. De hecho, el juez Llarena ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que le aclare en que nuevas condiciones puede dictar una nueva euroorden para tener garantizado su cumplimiento. Se da la circunstancia que los tres eurodiputados también recurrirán al mismo TJUE con una petición de medidas cautelares contra el levantamiento de la inmunidad.
Recuperar la política.
Presentar el resultado de la votación en el Parlamento Europeo como una victoria, tal y como ha manifestado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, es un error. En las actuales circunstancias, al Gobierno central le conviene apelar a la prudencia y la cautela, los apoyos internacionales a España no son tan sólidos como cabría esperar –otros suplicatorios a eurodiputados en la misma sesión tuvieron votaciones mucho más contundentes– y, por tanto, resulta oportuno abrir vías que permitan desenquistar el conflicto catalán. La vía jurídica no aporta ningún avance y se abre la necesidad de retomar la vía política, de lo contrario se corre el peligro de eternizar la disputa. Un escenario en el que nadie sale beneficiado.
