La presidenta del Govern, Francina Armengol, no oculta su intención de buscar todas las vías jurídicas posibles que le permitan prolongar el toque de queda en Baleares, una medida que todos los expertos consideran que quedará invalidada si, como ha anunciado el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se elimina el estado de alarma el próximo día 9 de mayo. La dirigente balear, al igual que otras autonomías, considera que es precipitado suprimir las restricciones a la movilidad con el actual nivel de contagios que, conviene recordarlo, tiene todavía una tendencia alcista en buena parte del país, excepto en Baleares.
Un debate incompleto.
La posición que defiende Armengol se centra en lograr que Baleares se sitúe con tasas de COVID muy bajas de cara al inicio de la temporada alta, principal carta de presentación como atractivo entre los principales países emisores turísticos europeos. Repetir el fiasco del pasado verano, cuando pocas semanas de iniciarse la temporada ésta quedó interrumpida al dispararse la cifra de casos en Alemania y Gran Bretaña, parece que es el objetivo del Govern. La cuestión es que las circunstancias de este año son radicalmente diferentes: la posibilidad de vacunación es factible. Y este es, precisamente, el factor sobre el que la presidenta debería incidir con más determinación frente a Madrid y Bruselas.
Economía exhausta.
Seguir prolongando las restricciones supone prolongar la agonía de miles de empresas y sus trabajadores, una actitud incomprensible cuando el eje del problema está en acelerar la inmunización de la población. Y es posible. Es cuestión de priorizar la vacunación –el desprecio de la opción de AstraZeneca no tiene sustento científico–, incluso de aquellos colectivos profesionales esenciales para la economía española; y el turismo agrupa buena parte de ellos. Es el momento de dar el paso para salvar la economía, por fortuna en el campo de la salud ya se sabe cómo hacer.
