Las informaciones sobre el concurso para la explotación de los muelles de Levante del puerto de Vila para esloras de más de 60 metros, salvo excepciones, y que también incluye el edificio de es Martell, demuestran que la palabra de Autoridad Portuaria es papel mojado, que se burla de los ibicencos, que desprecia el ordenamiento jurídico únicamente para saciar su voracidad recaudatoria, que genera inseguridad jurídica entre los licitantes y que no tiene intención de cambiar las prácticas nada ejemplares que la caracterizan.

A pesar de que el edificio de es Martell fue aceptado como mal menor por el Ayuntamiento de Ibiza, hasta entonces PSOE y Guanyem se habían mostrado en contra, con el compromiso de que los 600 metros cuadrados fueran destinados únicamente a usos portuarios y a prestar servicio a los propietarios de unos barcos con todos los servicios y, por lo tanto, sin necesidad de duchas, baños, lavandería o consigna, el ente portuario permite, en las bases aprobadas ya bajo la presidencia del socialista Francesc Antich, los usos comerciales.

Inseguridad jurídica.
La decisión de permitir usos comerciales en el edificio de es Martell cuando todavía no hay un plan especial que determine los usos de la zona es una temeridad, ya que fuerza a los licitadores a contemplar una instalación en su plan de negocio que el Ayuntamiento no puede autorizar.

Obviamente, genera indefensión en las empresas que legítimamente quieren explotar la instalación e inseguridad jurídica. Es inaceptable que el promotor de todo ello sea una administración que depende del Estado y también de la Comunidad Autónoma, administración que nombra a los presidentes, en este caso un ex presidente balear.

No hay necesidad.
Autoridad Portuaria se comprometió en reiteradas ocasiones, aunque parece que nunca se llegó a firmar el documento publicitado, a excluir los usos ahora permitidos en el edificio de es Martell. Solo desde este punto de vista, es un error mayúsculo permitirlos, ya que los acuerdos se alcanzan para cumplirse en su integridad.

Además, el puerto de Ibiza no necesita en esa zona más comercios, necesita es que José Luis Ábalos firme la Delimitación de Usos y Espacios Portuarios (DEUP) y el Ayuntamiento, el plan especial de una vez para acabar con este territorio fuera de la ley y alejado de la decencia. Y un nueva APB.