Ibiza24/07/21 4:01
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La decisión del presidente de la UD Ibiza, Amadeo Salvo, de discriminar a los lectores de Periódico de Ibiza y Formentera a los que está privando de poder leer entrevistas con los jugadores, miembros del cuerpo técnico y directivos de la sociedad merece la más absoluta censura. Lamentamos el desprecio con el que la entidad le está tratando y exigimos una rectificación inmediata y el fin de este veto infame. El presidente celeste está actuando de forma dictatorial, ya que la medida está encaminada a que modifiquemos nuestra línea editorial y cesen nuestras críticas al convenio de cesión exclusiva de Can Misses firmado entre la mercantil y el Ayuntamiento de Ibiza, lo que es un chantaje inaceptable e impropio de una entidad que presume de una profesionalidad de la que, a la vista de este comportamiento, adolece. E inútil porque seguiremos desvelando las patrañas que entidad y gobierno municipal hacen circular para intoxicar a la opinión pública, como la obligatoriedad de la cesión en exclusiva, lo que se ha acabado demostrando como falso, y que no es posible que UD Ibiza y CD Ibiza compartan estadio, tal como han hecho otros clubs en el pasado de forma satisfactoria. Asimismo, seguiremos reclamando un acuerdo entre las partes implicadas que evite la fractura actual del mundo del deporte y que está empañando el indudable éxito deportivo de la Udé y, dando la mejor cobertura que seamos capaces a la actividad deportiva celeste.

Una entidad no tan privada.
La Unión Deportiva Ibiza SAD es una entidad privada, propiedad de la familia Salvo, con legítimo ánimo de lucro. Desde este punto de vista, es libre Salvo para decidir cuál es la política de comunicación más adecuada para los intereses del club y la forma en la que quiere ser visto por la sociedad ibicenca. Sin embargo, la trascendencia del club excede a la propiedad de las participaciones y éste ha sido el argumento sobre el que se ha basado el Ayuntamiento para cederle en exclusiva una instalación pública que ha sido financiada con los impuestos de todos los ibicencos. Este hecho, forzosamente, corrige el carácter privado de la sociedad anónima y contradice la «divulgación de los valores positivos que el deporte conlleva», como indica el convenio de cesión, ya que discriminar a alguien por pensar diferente es una práctica contra la que todos debemos luchar y es contrario a la Constitución.