Ibiza27/10/21 3:59
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El Consell d’Eivissa recibirá el próximo ejercicio 60,6 millones del Govern balear, 7,7 millones que el presente, y el de Formentera, nueve, uno más que en 2021. El incremento de la aportación de la Comunidad Autónoma a las cuentas de los consells es el resultado de la aplicación de la Ley de Financiación de los Consells que aprobó el Partido Popular en solitario en 2014, no sin antes haber sufrido tensiones internas fruto de los intereses enfrentados de cada una de las islas. Una de las principales virtudes de la norma fue establecer el principio de corresponsabilidad fiscal entre los consells y el Govern balear, lo que se traduce en que a mayores ingresos de la Comunidad Autónoma, mayores son las transferencias que reciben las instituciones insulares y al contrario cuando se producen menores ingresos, aunque con un límite mínimo para garantizar la prestación de las competencias transferidas.

El PSOE se apropia del mérito.
A pesar de que el PSOE criticó el texto, lo utilizó como herramienta para desgastar al Govern de José Ramón Bauzà y votó en contra del mismo en el Parlament, no solo ha mantenido el texto y no ha hecho ningún movimiento para tratar de mejorarlo sino que se ha apropiado de unos méritos que no son suyos. De hecho, el lunes vendió el incremento de las transferencias a los consells como una decisión política fruto de su sensibilidad, nada más lejos de la realidad. Ayer, el secretario general de la FSE, Josep Marí Ribas Agustinet, destacó el «compromiso de la presidenta, Francina Armengol, de dar soporte a las instituciones insulares y en favor de impulsar la reactivación económica desde la inversión pública». Es una falacia que deja en ridículo a su autor. Los hechos demuestran que la Ley de Financiación fue un acierto, sin perjuicio de los aspectos a mejorar que tiene toda norma.

Sobran ejemplos.
La realidad la dibujan episodios como la inexplicable exclusión de la primera tanda de proyectos estratégicos a financiar por los fondos Next Generation la ampliación del Palacio de Congresos y la negociación bilateral del traspaso de Ordenación Turística, ambos ejemplos de la escasa sensibilidad del Govern.