El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salvó ayer, aparentemente, la crisis más importante de la legislatura entre los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, a costa de anunciar sin concretar la derogación de la reforma laboral. El encuentro ayer con las vicepresidentas primera y segunda, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, se saldó con el compromiso político de derogar la normativa aprobada por el Partido Popular en 2012 y que había sido sugerida por la Unión Europea para evitar el rescate económico. El comunicado final despeja, de momento, las tensiones políticas entre socialistas y podemitas, si bien deja en el aire el alcance de las modificaciones en el mercado laboral.

La letra pequeña.
La mediación de Pedro Sánchez ha sido eficaz en la medida que deja resuelto el desencuentro público entre socialistas y morados, aunque no resuelve el fondo de la cuestión: qué entiende cada cada una de las vicepresidentas por «derogación» del vigente marco laboral. El texto está muy acordado con los sindicatos, pero la exigencia del PSOE de que el documento final también sea asumido por la patronal abre numerosas incógnitas sobre el resultado final. No es sencillo cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea –cuyas ayudas son vitales para la recuperación económica de España– y superar las reticencias del empresariado y al mismo tiempo contentar a los comunistas de Unidas Podemos. De lo que no hay duda, es de que el Gobierno, en un momento especialmente crítico, en lugar de generar certitumbre y trabajar para atajar los problemas que amenazan las recuperación se dedica a generar confusión, lo que aleja a los inversores.

Compromisos políticos.
El acuerdo de ayer revalida los pactos de legislatura que suscribieron PSOE y Unidas Podemos, principal argumento de las exigencias de Díaz para llevar adelante su iniciativa. Las próximas semanas determinarán si, además, es posible cumplir con las exigencias de cada una de las partes. De momento, se impone la estabilidad del propio Gobierno al necesario pacto con los agentes sociales.