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La rápida propagación de la nueva variante del coronavirus, denominada ómicron, con numerosos casos detectados en varios países de Europa, ha provocado el endurecimiento de controles y nuevas restricciones en todo el mundo: el Reino Unido impone la PCR obligatoria a todos los que lleguen al país; Marruecos suspende, durante dos semanas, los vuelos internacionales; Israel prohíbe la entrada a los extranjeros, también durante dos semanas, y exige la cuarentena a los ciudadanos israelíes que regresen al país; Filipinas impide la entrada de europeos en cuyos países se haya detectado ómicron; Nueva York declara el estado de emergencia; y Suiza aprueba por referéndum, con un apoyo del 61 por ciento, una ley que impone el COVID’.
La alarma –con batacazo de las bolsas y la caída más importante del año en el Ibex– saltó el viernes. Fue entonces cuando la Organización Mundial de la Salud calificó de «preocupante» esta variante de la COVID detectada en Sudáfrica.

Impacto sobre las familias y el consumo
Desconocemos cuál será el impacto de la nueva mutación, que añade incertidumbre y acentúa la triple crisis sanitaria, social y económica provocada por el coronavirus, cuando aún no se ha consolidado la recuperación y en un momento de gran repercusión –tanto para las familias como el consumo– al coincidir con la Navidad. Las autoridades siguen apelando a la vacunación, pero al mismo tiempo hay que adoptar medidas homogéneas y coherentes.

Normas claras, coordinadas y eficaces
No se entiende que cada comunidad aplique criterios distintos, según las decisiones que adoptan los gobiernos regionales y las sentencias de los tribunales autonómicos. Una pandemia que no entiende de fronteras y que se propaga a gran velocidad en una sociedad globalizada exige unas normas claras, coordinadas y eficaces, de ámbito nacional, con la dotación de recursos e instrumentos para que puedan ser gestionados y aplicados en cada territorio.