Acompañada por representantes de la comunidad científica de Balears, la presidenta del Govern presentó ayer la Llei de Ciència. Una normativa que, según Francina Armengol, ve la luz con la misión de corregir la situación de precariedad de muchos investigadores en las Islas. Un escenario, el expuesto por Armengol, que provoca indefectiblemente una ‘fuga de cerebros’ hacia universidades e instituciones científicas foráneas, más competitivas y con unas condiciones laborales situadas lujos de las que nuestros investigadores pueden optar hoy en el archipiélago.
Llei de Ciència y consenso.
El dinero no es cuestión menor. Tampoco en el campo de la investigación. Todo lo contrario. Por eso, uno de los objetivos primordiales de la nueva ley que tramitará el Parlament es el de lograr que, con independencia del quien ocupe el Consolat, el dos por ciento del presupuesto autonómico de cada ejercicio se dedique a la investigación científica. Una meta del todo plausible cuyo alcance merece el más amplio de los consensos políticos posibles. El Govern tiene con la Llei de Ciència la oportunidad de enmendar los errores cometidos con la de Educació en lo tocante a un amplio acuerdo parlamentario. Todos deben poner de su parte.
Inversión privada.
La nueva Llei de Ciència es justa y es necesaria, pero habrá que ver si suficiente. Como se ha apuntando, sin dinero no hay investigación ni se frena la ‘fuga de cerebros’ fuera de las Islas. Parece tenerlo también claro el conseller de Universitat i Cultura, Miquel Company. La cuestión nuclear de esta ley es que se convierta en un marco normativo que favorezca la inversión privada en investigación, desarrollo e innovación. Bienvenido el futuro Institut de Recerca, pero sólo desde la complicidad con los dueños del capital puede garantizarse la creación de empresas de base tecnológica, la generación de puestos de trabajo y el impulso de un tejido empresarial vinculado a la ciencia. No hay otra.
