El nuevo decreto aprobado por el Gobierno sobre la estructura de la Casa Real, impulsado por el propio rey Felipe VI, supone un enorme salto cualitativo en la estrategia de máxima transparencia de la institución. El Tribunal de Cuentas será, a partir de ahora, el organismo encargado de fiscalizar los ingresos y gastos del jefel del Estado y toda su organización. De este modo, la Casa Real se equipara al resto de la Administración pública y deja de ser una excepción en lo que a la materia de rendición de cuentas se refiere, eliminar las zonas de sombra sobre la institución que preside es una de las constantes de don Felipe desde que accedió al trono.
Un punto y aparte.
En los últimos años, el Rey se ha visto obligado a acelerar el proceso de transparencia de todo lo relacionado con la Casa Real. Los asuntos en los que se ha visto involucrado su padre, don Juan Carlos, ha supuesto en serio desgaste de la institución monárquica en nuestro país que requería una rápida reacción. Don Felipe, por tanto, no ha duda en marcar un rumbo dametralmente distinto al que marcó durante casi cuatro décadas el rey emérito. Someter a control los fondos de que dispone la Casa Real significa modernizar y democratizar la más alta representación del Estado español; una tarea que no por haberse demorado en exceso resta valor a la decisión. Desde el palacio de La Zarzuela no se ha querido contemporizar más con todo este asunto y se ha salido de la zona de confort.
Gran consenso.
El proceso, iniciado ya durante la pasada legislatura, cuenta con el apoyo de los dos grandes partidos –PP y PSOE–, además de Cs y Vox. Sin embargo, Casa Real ha declinado informar de sus intenciones a los grupos de izquierda más críticos con la institución monárquica y la Constitución de 1978. La voluntad de integración de la Monarquía parlamentaria obliga a ponderar este tipo de decisiones.
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