La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer –tras reunirse con representantes de todas las autonomías– que no habrá ninguna modificación en el decreto de ahorro energético que limite la temperatura máxima de refrigeración en los establecimientos comerciales, entre otras medidas. La norma, que cinco comunidades gobernadas por el PP solicitan su retirada, ha generado una notable controversia ciudadana sobre su aplicación. Lo que ya parece inevitable, a tenor de las palabras de la ministra Ribera, es que el acuerdo global es una meta inalcanzable.
Racionalizar el consumo de energía
El decreto del Gobierno se alinea con las exigencias de la Unión Europea para hacer frente a los recortes en el suministro del gas ruso derivado de conflicto bélico en Ucrania, punto de partida que no debe ocultar la necesidad de hacer frente a la racionalización del consumo de energía por sus efectos sobre el cambio climático. Nadie puede cuestionar que deben evitarse los excesos en la refrigeración de locales, el adoptar medidas de cierre de puertas en los comercios, evitar las iluminaciones innecesarias de edificios o limitar la temperatura de las calefacciones. Son cuestiones de sentido común pero que su aplicación indiscriminada acaba generando situaciones que generan el rechazo social.
Atender a la diversidad
Limitar el termostato del aire acondicionado a 27 grados en la inmensa mayoría del país es pretender aplicar una regulación de imposible cumplimiento, por eso llama la atención que un Gobierno que hace una decidida apuesta por la diversidad no sea capaz de flexibilizar el decreto estableciendo márgenes más amplios para su adaptación en las diferentes regiones españolas. El objetivo es ahorrar y hacerlo con la máxima eficiencia posible, por eso es imprescindible el diálogo.
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