La creación de un grupo de expertos, auspiciado por el Govern, para la elaboración de un informe sobre las diferentes opciones que permitan limitar las operaciones inmobiliarias de extranjeros en Balears –en cumplimiento de una resolución del Parlament promovida desde Més per Menorca– se antoja como un gesto político más ante lo que parece un muro insalvable: los tratados vigentes de la Unión Europea. Las puntuales excepciones vigentes, y que afectan a unos pocos enclaves, fueron negociados por sus respectivos países antes de su incorporación a la UE. Pretender modificaciones posteriores, como sería el caso de Balears, nunca podría hacerse de manera unilateral.
Excesivo voluntarismo
Las aportaciones que puedan hacerse desde los diversos departamentos implicados del Govern, prestigiosos juristas de la Universitat o de la Abogacía de la Comunitat corren el serio peligro de convertirse en meras recomendaciones que, al menos hasta el momento, no cuentan siquiera con la complicidad del Gobierno central. Todo indica que estamos ante una operación de fuegos de artificio que, sin duda, puede poner en peligro la materialización de algunas inversiones u operaciones de compraventa de inmuebles por parte de extranjeros. Sería un elemento más que añadir al clima de inseguridad jurídica tantas veces denunciado.
Buscar soluciones efectivas
La preocupación por la escalada de los precios del mercado inmobiliario es lógica, pero la presión de la inversión extranjera es sólo un factor más a tener en cuenta; sería un error el plantearlo como el eje central del problema. Pretender la discriminación de los ciudadanos extranjeros, en especial de la UE, puede acabar generando una dinámica peligrosa y, por supuesto, indeseable para los intereses generales de los ciudadanos de las Islas. La cuestión es demasiado grave para explorar en vías condenadas al fracaso. Las soluciones están en otras fórmulas.
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