Editorial

Una deuda autonómica disparada sin justificación

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Balears acumula una deuda de 8.121 millones desde que se creó la autonomía en 1983. En los últimos 20 años el endeudamiento se ha multiplicado por diez, y en muchas ocasiones sin una razonable justificación. Tras la propuesta del Gobierno de condonar 1.741 millones de deuda al Govern, sería recomendable que se plantease un debate serio sobre poner límites al endeudamiento, sobre todo cuando muchos servicios públicos no están a la altura de los impuestos que pagan los ciudadanos.

Evolución.
A partir de 2005 comenzó a dispararse la deuda en Balears. Fue con la legislatura de Jaume Matas, que desarrolló grandes infraestructuras en un tiempo récord. A la legislatura siguiente, Antich siguió la misma línea política y duplicó la deuda que le había dejado Matas. A diferencia de Matas, Antich utilizó el dinero para poder mitigar los efectos de la crisis financiera. El peor año fue 2012, con Bauzá en la presidencia del Govern. Bauzá tuvo que afrontar millones y millones de facturas pendientes que no habían sido abonadas por el Ejecutivo de Antich.

Control.
Durante los últimos años se ha demostrado que cuando la economía va bien hay margen de maniobra para reducir el endeudamiento. Es lo que hizo Armengol durante dos años y medio y lo que lleva haciendo Prohens desde que es presidenta. En el último ejercicio el endeudamiento se ha reducido en 458 millones, una cifra récord desde que nació la autonomía. Lamentablemente en muchas ocasiones se ha utilizado la deuda para poder financiar una administración sobredimensionada y con una mala financiación estatal. Aumentar la deuda debería ser el último recurso de las administraciones porque se está hipotecando el futuro de las próximas generaciones. Eudeudarse para hacer carreteras, hospitales o colegios imprescindible es lícito y necesario. Para aumentar plantillas de funcionarios es una práctica que debería estar mucho más controlada por la clase política. Nos hemos acostumbrado a escuchar cifras desorbitadas en las partidas de endeudamiento y, al mismo tiempo, que las administraciones no estén a la altura con los servicios que dan a los ciudadanos. Esta dinámica debe cambiar y, sobre todo, que estas condonaciones de deuda no sirvan de excusa para seguir recurriendo a créditos sin ninguna justificación razonable.