Gisela RevellesIbiza10/10/24 0:30
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Nunca he sido partidaria de la privatización de los servicios públicos. No creo que esté justificada. El cuento de que así se optimizan recursos y se mejora el servicio es eso, un cuento. Y nos sale demasiado caro. Buen ejemplo de ello es lo que está sucediendo hoy con la limpieza viaria y la recogida de basuras en Sant Antoni. Pero también en Vila. Ante el mismo problema, sin embargo, los ayuntamientos han actuado de diferente manera.

En Sant Antoni es la UTE Portmany, liderada por FCC, la que presta el servicio desde 2017 y con un contrato que acabará dentro de tres años. A los residentes en este municipio les cuesta el servicio cerca de 48 millones de euros. Hoy en día, la UTE tiene parte de sus vehículos sin utilizar por falta de reparación, la recogida de residuos es deficitaria y la limpieza viaria deja mucho que desear. ¿Quién controla a la contrata? Otra empresa privada que, según las explicaciones de la concejala de Limpieza, Josefa Torres, remite al Consistorio un informe cada tres meses. ¿Solución del Ayuntamiento ante las denuncias? Encargar una auditoría anual a la misma empresa controladora. No me digan que no es brillante.

En Vila, es Valoriza la responsable de la limpieza municipal. Hasta la llegada de Jordi Grivé a la concejalía, el resultado iba más allá de lo deficitario. El contrato fue suscrito en 2016, para 10 años y por un importe cercano a los 75 millones de euros (modificado en numerosas ocasiones). Grivé cogió el toro por los cuernos y empezó a controlar él mismo lo que estaba sucediendo, a pesar de que Vila tiene también a otra empresa contratada para esta función. El resultado no es el mejor pero algo han mejorado las cosas.

Nos saldría más barato y mejor prestar el servicio desde lo público y que alguno de los injustificadamente numerosos funcionarios que pululan por las administraciones municipales se encargara del control.