Groucho Marx

La cita retoma ahora todo su sentido, ojo a su título, con la reciente Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas, norma que pretende limitar el ejercicio de la acción popular reconocida como derecho de todos los ciudadanos por el artículo 125 de la Constitución y que implica la posibilidad de formular acusación independiente de la pública, que corresponde al Ministerio Fiscal, y de la particular, que corresponde a los perjudicados por la comisión de un delito. Su función principal, de ahí su relevancia, es evitar la instrumentalización que los gobiernos pueden llegar a hacer de la acusación pública dada la ausencia de independencia del Ministerio Fiscal respecto del poder ejecutivo. Recuerdan de quien depende orgánicamente ¿verdad? Pues eso. Por ello, el establecimiento de restricciones al ejercicio de la acción popular puede conllevar el manifiesto riesgo de que determinados hechos delictivos escapen al conocimiento de la jurisdicción al no poderse denunciar ante la misma para su investigación y enjuiciamiento, quedando la decisión exclusivamente en manos del Ministerio Público, lo que supondría perder otro de los contrapesos previstos en nuestra Carta Magna para evitar ciertos desmanes.

Ejercitada la acción popular, la misma se admitirá a trámite o se inadmitirá y, en su caso, se llevará a cabo la investigación que resulte necesaria, que finalizará con archivo, condena o absolución, dependiendo única y exclusivamente de los hechos que resulten probados, no porque los jueces que conocen de estos procesos, como han llegado a afirmar algunos renglones torcidos cegados por un inusitado fanatismo, comulguen con el pensamiento, ideología o tendencia política de quien ejerce la acusación. Esta idea populista de confabulaciones perversas está completamente fuera de lugar, carece del más mínimo sustento y responde exclusivamente a un claro interés partidista, ideológico o personal, como afirmó recientemente la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Tan solo es necesario echar un vistazo a la cantidad de procedimientos judiciales iniciados a través de esta herramienta que han sido archivados o han quedado en nada, como los dirigidos, entre otros muchos, contra Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Alberto Garzón, Gabriel Rufián, Dolores Delgado, Baltasar Garzón, Carles Mulet, Ada Colau o Pere Aragonés, que podrán ser muchas cosas, pero no sospechosos de conducir por la derecha. Y es que, como decía Gandalf, «Los sabios hablan solo de lo que saben», lo mismo que reiteró de forma cómica el propio Groucho con aquel «Es mejor estar callado y parecer tonto que hablar y despejar las dudas».

Es cierto que en los últimos años se ha producido un uso y abuso de esta acción con un evidente interés partidista, tanto por unos como otros, en busca de una pena de banquillo. Pero no menos cierto es que medidas tendentes a evitar ese abuso pasarían por dotar a los órganos judiciales de medios personales y materiales para que los procedimientos pudieran resolverse sin dilaciones, pero no limitando el ejercicio de una acción que impida que la jurisdicción tenga conocimiento de posibles hechos delictivos que han contribuido de forma relevante a enjuiciar casos de tanta trascendencia social como, entre otros, GAL, Filesa, Gürtel o Nóos, incluso a través del ejercicio de la acción popular por quien ahora pretende lapidarla. Y es que la medida supondría limitar gravemente la investigación de hechos relacionados con la corrupción favoreciendo su impunidad y, lo más grave, el archivo de determinadas instrucciones de procedimientos penales que se encuentran actualmente en curso y que son sobradamente conocidos por todos. Está claro que no importa nada más que «Salvar al soldado Ryan» a toda costa.

Además, por si fuera poco, la norma pretende limitar la libertad de expresión de los jueces silenciando la discrepancia o la crítica, lo que terminaría de cerrar el círculo. Todo sea por garantizar la independencia e imparcialidad. Eso sí, sin caer en la cuenta de que la medida que realmente lo conseguiría sería que alcanzaran de una vez por todas el consenso necesario para reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que continúa atascado por la confrontación que mantienen ambos bloques políticos mayoritarios, una vez más, con el trasfondo de su control. También se introduce, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos, justo en un momento en que aparece la estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla símbolo del programa Grand Prix mostrada en las campanadas de Nochevieja de la 1 de RTVE o el cartel de la fiesta LGTBI organizada en las fiestas de San Sebastián, patrón de Palma, mostrando al santo, mártir de la cristiandad, con una sobrasada en los genitales rodeado de lascivos demonios junto a una santa desnuda a la que le realizan tocamientos.

Pero lo más grave es que esta pretendida reforma legal se ha hecho por la puerta de atrás, como proposición de Ley Orgánica por el partido que ostenta la mayoría en el Gobierno, lo que permite eludir los preceptivos informes de los órganos consultivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, que pondrían de manifiesto, muy probablemente, su evidente inconstitucionalidad, lo que en todo caso no ha supuesto silenciar la voz de todas las asociaciones judiciales y fiscales al unísono, que han mostrado su radical oposición a tal obscenidad. Y es que, como afirmaba la escritora Ayn Rand, «nos acercamos rápidamente a la etapa en la que el gobierno es libre de hacer lo que le plazca, mientras que los ciudadanos solo pueden actuar a través de su permiso», o como decía el gran Groucho, «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados».