Me sorprende que haya tanto escándalo a propósito de la posible filtración por parte del fiscal general del Estado por un asunto vinculado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Al fiscal general a las órdenes de Sánchez se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar que el novio de Ayuso estaba negociando un acuerdo con la Fiscalía. Todo parece indicar que Álvaro García Ortiz va a ser juzgado, convirtiéndose en el primer fiscal general que se encuentra en esta situación procesal en España.
Y a mí toda esta escandalera sobre el fiscal general me sorprende mucho porque los fiscales han filtrado durante mucho tiempo información relevante sobre particulares que eran investigados. Recuerdo perfectamente cómo en Ultima Hora se conocían las operaciones policiales mucho antes de que se produjesen. De hecho, los periodistas llegaban al lugar de los hechos donde se producían las operaciones, incluso antes que policías y fiscales. Eso ha sido así durante años en Balears y a todo el mundo le ha parecido lo más normal del mundo.
Un catedrático en Derecho Procesal lamentaba hace unos días en RTVE, el canal que se dedica todos los días a proteger a las personas del entorno de Sánchez que están siendo investigadas por los jueces, que los ciudadanos no merecen este tipo de presión por parte de la Justicia. Teniendo en cuenta que en todos estos casos la Fiscalía se ha abstenido de acusar, no parece que sean los mejores ejemplos para hacer este tipo de argumentos tan oportunos ahora para proteger al Gobierno en general y a Sánchez en particular.
Estoy convencido desde hace muchos años que la Fiscalía ha sido un instrumento nada independiente que ha jugado habitualmente a favor del PSOE, aunque ahora mismo lo hace a cara descubierta, sin ningún tipo de rubor. Un antiguo miembro del Govern que ingresó en prisión hace unos años me contaba en una ocasión que en una determinada investigación en la Conselleria de Turismo había una serie de funcionarios imputados. Cuando los trabajadores públicos se quejaron a la entonces consellera de Turismo de que no podían seguir trabajando en esas circunstancias, con tanta presión, al cabo de unas semanas la Fiscalía decidió apartarles de la causa. A estas alturas no creo demasiado en las casualidades.
El mismo caso ocurrió con un exconseller del PP que fue imputado en una macrocausa judicial. Cuando abandonó el PP antes de que acabase la legislatura, y de forma sorprendente, fue desimputado por la Fiscalía. El supuesto escándalo de los escándalos del Govern de Matas, como fue calificado en ese momento, fue archivado ante la falta de pruebas e indicios de delito. Seguramente la marcha de este dirigente popular, que posteriormente creó un partido regionalista para competir con su antiguo partido, facilitó el trabajo de la Fiscalía.
Los periodistas tenemos la obligación de contar lo que ocurre y hay que explicarles a los ciudadanos que los fiscales siempre han filtrado información sensible, sobre políticos y también sobre particulares, como también lo han hecho los policías. Pero a diferencia de lo que ocurre ahora, gracias a jueces decentes e independientes, prácticamente nunca se ha investigado cómo personas anónimas se han visto juzgadas mediáticamente gracias a filtraciones ilegales.
Mientras algunos colegas hablaban de los fiscales anticorrupción de Balears como si fuesen héroes, los hechos de los últimos años van confirmando mi opinión. Que la Fiscalía no ha sido nunca neutral, que ha actuado según el partido que se investigaba, y que no ha tenido ningún problema en hacer daño a personas particulares (y casi siempre inocentes) para conseguir sus objetivos. Eso ha ocurrido durante años y los ciudadanos tienen derecho a saberlo.
1 comentario
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Pero entonces,¿Ayuso está viviendo en un ático pagado con dinero de comisiones ilegales? ¿Qué opina el periodista?