Cuando la justicia no llega…

El juez decano de Ibiza ha lanzado una advertencia tajante: la acción ciudadana frente a la okupación es «muy peligrosa». Y tiene razón. En un Estado de derecho, la justicia no puede delegarse y menos a manos de la multitud embrutecida. La coerción colectiva, por muy justificada que se sienta, es el preludio del caos, la anarquía y el desgobierno. Pero si ese fenómeno indeseable se abre paso, no es por capricho. Nace de la desesperación. Cuando los vecinos sienten que las instituciones no responden, que las leyes son lentas o ineficaces, y que quienes okupan impunemente una vivienda están más protegidos que sus legítimos dueños, surgen la frustración y la impotencia. Y en ese vacío institucional, algunas personas cruzan la línea y actúan por su cuenta. Eso sí que es alarmante. Porque la solución no puede ser criminalizar a quienes están desesperados e indignados ante una injusticia flagrante. Hay que entender por qué han llegado a ese punto. El mensaje de las autoridades debe ir acompañado de una mejora real del sistema judicial, de procedimientos más ágiles y de un apoyo efectivo a los afectados por la okupación. También hace falta una legislación más clara, que proteja el derecho a la vivienda sin desproteger a los propietarios. La justicia no puede estar ausente, porque si los ciudadanos sienten que nadie les ampara, buscarán protegerse como puedan. Y cuando eso sucede, no sólo peligra la seguridad jurídica: también está en riesgo la convivencia. La autoridad debe recuperar su papel, no con reproches, sino con hechos. Solo así se evitará que la gente crea, aunque sea erróneamente, que, si ellos no intervienen, nadie lo hará. Porque no estamos ante un fenómeno de okupación por necesidad, que obviamente existe y no es difícil empatizar. También hay una mafia que okupa y alquila. Y algunos partidos políticos los justifican y se muestran condescendientes. ¿Cómo no se va a indignar la gente?