Corrupción socialista de la buena

El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz ha dictado auto de apertura de juicio oral contra David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el líder del PSOE de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presuntos delitos de corrupción. La jueza Beatriz Biedma aprecia «claros indicios de criminalidad» y las acusaciones populares les acusan de tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Hay dos circunstancias que convierten este caso una prueba clara de corrupción de la buena. Por una parte, la posición de la Fiscalía, que defiende al «hermanísimo» y no ve ningún delito en su colocación ‘ad hoc’ en una plaza de nueva creación. Y por otra, más grave, la marcha de Gallardo, presunto autor del infecto mangoneo, como diputado al Parlamento de Extremadura. Esta maniobra, que obliga a otros cinco socialistas que le precedían en la lista a renunciar, le permitirá ser aforado y tener un trato de privilegio, ya que deberá juzgarlo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esta jugada, orquestada con evidente urgencia, representa una burla al principio de igualdad ante la ley. Gallardo rehúye ser tratado como un ciudadano más y se reviste de privilegios procesales. Con esta actitud, contraria a la más elemental decencia política, lejos de transmitir inocencia, proyecta una sombra de culpabilidad que pesa aún más sobre él y sobre el «hermanísimo». Y, por extensión, sobre su jefe político, el presidente del Gobierno. El caso es ya símbolo de una degradación institucional intolerable. El gobierno de Pedro Sánchez, salpicado por este y otros escándalos, se muestra incapaz de ofrecer una respuesta ética. La justicia avanza y los políticos y los afectados por las investigaciones judiciales, se protegen con maniobras inalcanzables para el resto de ciudadanos. ¿Por qué? Cuando alguien es inocente, no actúa así.