La polémica persiste

Como se ha venido repitiendo hasta la saciedad últimamente, la separación de poderes resulta un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de la democracia. A pesar de que algo tan evidente debería resultar fácil de comprender, siempre encontraremos quien esté dispuesto a retorcer el asunto hasta donde haga falta con tal de no dar su brazo a torcer. Que la intromisión de la política en las funciones del poder judicial resulta claramente inadmisible, exactamente igual de incorrecta resulta la intromisión del poder judicial en las funciones del poder legislativo. En cualquier caso y para resolver definitivamente cualquier duda surgida en cuanto a la validez o no de determinadas decisiones o normativas, está en nuestro país el máximo Tribunal, es decir el Constitucional.

Resulta prácticamente imposible encontrar una sentencia judicial que haya contentando a las distintas partes litigantes, ahora bien, lo que está claro es que unos y otros están obligados a acatar las decisiones judiciales, o en su caso y si procede presentar el correspondiente recurso ante el órgano superior, pudiendo acabar en este caso    supeditada su aplicación y acatamiento a la decisión definitiva del Constitucional.

Supongo que a día de hoy nadie tendrá dudas sobre cuál es el origen de esa ley de amnistía. Por supuesto que la redacción, tramitación y aprobación de la misma se enmarca en el proceso negociador entre diversas fuerzas políticas, con el objetivo de sumar los votos necesarios para acabar aprobando una investidura; pero en ningún caso tal circunstancia puede servir de argumento para determinar la legalidad o no del texto normativo en cuestión. Por otro lado, no creo que nadie se atreva a dudar en estos momentos, que la situación de conflicto político real existente en su momento en Cataluña, se haya normalizado sustancialmente y sin duda ese era uno de los objetivos que se perseguían con la citada ley.

El texto de la ley de amnistía fue polémico desde sus inicios y no debemos olvidar que ya tenía detractores incluso antes de que se conociera la redacción definitiva de la misma. Todavía no se conocía su contenido y ya aparecieron voces en diferentes sectores afirmando que se trataba de un texto ilegal, o más aun, inconstitucional. Tal afirmación no partía tan solo de la derecha y extrema derecha política, ya que incluso algunos miembros de la judicatura fueron igual de tajantes y contundentes en sus declaraciones públicas opinando sobre la ley. Sin duda esto último resultó lo más llamativo, por ser a mi modo de ver poco recomendable, que quien tiene que aplicar las leyes aprobadas se permita pronunciarse sobre la legalidad de alguna de ellas en trámite y antes de conocer el texto definitivo.

En cualquier caso, todos ellos están ahora obligados a aplicar la ley y a acatarla, puesto que así lo ha decidido el máximo tribunal. Lo que es seguro es que en nada se ayuda a nuestra democracia poniendo en duda la legitimidad de la decisión del Constitucional. Y eso es precisamente lo que se ha hecho por parte de la derecha española, afirmando despues de la resolución del Tribunal Constitucional, que la ley de amnistía sigue siendo ilegal. Además sin el menor respeto institucional a la más alta instancia judicial de nuestro país, Núñez Feijóo hizo estas declaraciones en Bruselas, la capital política de la Unión Europea.

No parece la mejor vía seguir mostrando esos ramalazos antidemocráticos. No es aceptable que las decisiones judiciales solo sean justas cuando las mismas te son favorables, poniendo en duda su legitimidad    cuando no van a favor de tu ideario político. Flaco favor se hace también a la democracia restando credibilidad a las decisiones de un tribunal, basándose en la composición del mismo y restando validez a las sentencias del mismo por tener una mayoría progresista. Los mismos que ahora restan valor a las decisiones que emanan de un tribunal con mayoría progresista, nada dijeron en su momento cuando una mayoría conservadora estuvo durante cinco años de okupa en el Consejo General del Poder Judicial y la derecha española lo utilizó para hacer oposición al gobierno progresista.

En política no todo vale y está claro que esta ley no ha roto España, tal como auguraron algunos, ni esta sentencia blanquea ningún tipo de corrupción estatal, tal como afirman ahora esos mismos.