Pedro Sánchez ya está por encima de la Constitución

Lo que ha hecho el Constitucional con esta sentencia no es otra cosa que bendecir el precio que Pedro Sánchez pagó a Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, por su investidura. El precio de seguir gobernando, de una permanencia enfermiza en el poder que no se detiene ante nada, mucho menos ante la ley, que se cambia a conveniencia, ni ante la Constitución, que se retuerce hasta derogarla de facto.

Pedro Sánchez concurrió a las elecciones generales de 2023 jurando y perjurando que la amnistía era inconstitucional, que no tenía cabida en nuestro marco legal, que no se podía hacer. Decenas de declaraciones de ministros y dirigentes socialistas repitiendo como un mantra que no habría perdón para los golpistas. ¿Y qué ocurrió? Que los necesitó para lograr ser investido presidente del Gobierno. Y entonces la amnistía dejó de ser anatema para convertirse en legal, positiva y muy beneficiosa.

El Tribunal Constitucional, que debería ejercer de contrapeso, de garante último de la legalidad, se ha convertido en un órgano más al servicio del Gobierno. El tribunal presidido por Cándido Conde-Pumpido ha actuado como brazo jurídico del sanchismo. Los seis magistrados que han respaldado esta sentencia no han interpretado la Constitución: la han negado. Han dinamitado la noción de igualdad ante la ley.

La Ley de Amnistía es, en sí misma, un escándalo jurídico. Pero su validación por parte del Constitucional es infinitamente más grave. Porque ya no hablamos solo de una rendición política, sino de una rendición jurídica, de una perversión absoluta por la cual los criminales condenados pueden ahora presumir de sus delitos y acusar a los jueces de prevaricadores.

Que el PSOE, o lo que queda de él, haya comprado este discurso sólo para seguir en el poder, a cualquier precio, es la última traición. Porque el PSOE de hoy no es el partido de Estado que fue. Es un partido intervenido por el sanchismo, donde la lealtad se mide en aplausos al líder y la disidencia se purga con ceses, linchamientos mediáticos y acusaciones de deslealtad. Que los sanchistas se permitan atacar a Felipe González prueba el estado actual del partido. Ya no existe. Ha sido sustituido por una maquinaria de poder sin ideología, sin principios y sin memoria. Y corrupta hasta el tuétano.

¿Qué viene ahora? ¿Qué impide ahora que se aprueben nuevas amnistías? ¿Qué frena un referéndum de autodeterminación? ¿Qué impedirá más cesiones a los separatistas? ¿Qué cortafuegos queda si el propio tribunal encargado de poner límites, ha renunciado a hacerlo? La respuesta es tan aterradora como sencilla: nada.

La amnistía se ha vendido como un acto de generosidad, de diálogo, de reconciliación. Una burla más. No hay generosidad cuando se recompensa al que no ha pedido perdón. No hay diálogo cuando solo uno cede. No hay reconciliación cuando se pisotea la ley para comprar el voto de siete diputados de Junts.

Lo que sí hay es miedo. Miedo de PSOE a perder el poder.; a que el castillo de naipes construido sobre la mentira, la manipulación y la corrupción, se derrumbe. Y por eso hacen lo que sea. Saben que, si dejan de mandar, tendrán que rendir cuentas. Por eso maniobran para aprobar por la vía de urgencia las modificaciones legales que les permitan acabar con la independencia judicial y paralizar las investigaciones en curso por corrupción que asedian al partido.

Para denunciarlo se manifestaron ayer en Madrid centenares de jueces y fiscales. Y por eso harán tres días de huelga la próxima semana. Porque hay que decirle al partido sanchista que ya basta, que no pueden seguir haciendo lo que le dé la gana ni aprobando leyes para procurarse impunidad. ¡Ya está bien!