El pasado martes se cumplieron cinco meses de la detención del general Pinochet en Londres y para la semana que mañana empieza se espera el fallo de los lores que juzgan acerca de la inmunidad del dictador. Un período de tiempo lo suficientemente amplio como para que las posturas de unos y otros hayan quedado claras, si hacemos excepción de un Gobierno chileno ya definitivamente sumido en la ambigüedad más absoluta. Está claro que al Ejecutivo que preside Frei le «duele» el caso Pinochet, que constituye una indeseable piedra en su camino, pero prácticamente se puede decir que a partir de ahí nada más está claro en su actitud. Desde los pronunciamientos vagamente viscerales que precedieron al primer fallo sobre la inmunidad de Pinochet, hasta aquellas manifestaciones -nunca se supo muy bien si oficiosas u oficiales- posteriores en las que se dejaba claro que el Gobierno de Chile «deploraba» la dictadura, pero «defendía» los actos públicos del dictador, en este asunto se han encadenado una serie de contrasentidos y contradicciones que en nada han contribuído al recto discurrir de la Justicia. Es evidente que el retorno a Chile de un Pinochet al que se le hubiera reconocido la inmunidad crearía al Ejecutivo chileno un conjunto de problemas, de alcance y complejidad en este momento difíciles de evaluar. Pero no lo es menos que dicha decisión también contribuiría a dejar claras una serie de cuestiones que los mentores de la transición chilena no se han atrevido hasta ahora a poner sobre el tapete. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad -al parecer bastante probable- de un fallo mixto por parte de los lores. Y nos referimos a un fallo que si bien reconocería la inmunidad de Pinochet, también le podría imputar la violación de ciertos tratados internacionales. En este caso, el dictador se vería obligado al llegar a su país, a hacer frente a una serie de responsabilidades. Dicho de otra manera, a ser juzgado. ¿Sabrá el indeciso Gobierno de Frei estar a la altura de esas circunstancias?