Políticos, técnicos y artistas

Lo curioso es que la tangana ha sido trending-topic en internet; eso sí, perdiendo fuerza con las crónicas sociales del verano.

El que las disputas políticas lleguen a trascender al ámbito social e incluso al personal, no es algo que normalmente quieran los partidos. Aquello de ‘los trapos sucios se lavan en casa’ debería ser casi casi obligatorio para sobrevivir en la política, pues al fin y al cabo, ¿Quién no tiene algún trapo sucio?

Ya puestos con el asunto de la alcaldía y las actas de concejales, y sin entrar en el trasfondo político, podemos en cambio analizar de qué manera afecta todo esto a otros ámbitos de la gestión municipal de Vila, como puede ser al urbanismo y las obras públicas.

Para poderlo comprender, es preciso hacer un breve y somero repaso histórico de éste departamento. No hace muchos años, a caballo entre los últimos años del franquismo y la incipiente democracia, cuando alguien se quería construir una casa o un almacén simplemente iba a consultar al técnico municipal, quien dibujaba en una hoja cuadriculada la distribución de la casa. Con poco más y el pago de la tasa, la vivienda acababa siendo una realidad.

Más tarde, ya a finales de los 80, la publicación del Plan General De Ordenación Urbana (el famoso PGOU) estableció los parámetros urbanísticos para todo el municipio, y junto a otras leyes de ámbito nacional o regional, definió los procesos a seguir para obtener los permisos de edificación.

La entrada de España en la CE impulsó aún más el establecimiento de normas, reglamentos y decretos de toda índole, ello con el objetivo de adaptarnos a la forma de hacer de nuestros socios del norte. La cosa se iba complicando…

Con el cambio de siglo, y ante la creciente presión demográfica y turística en la isla, se hizo necesario adaptar y modernizar dichos parámetros que, en tan sólo 15 años, se habían quedado desfasados.

Tras los sucesivos y caóticos cambios de gobierno, se consiguió publicar el Plan Territorial Insular a finales de 2004, que debía ser la base normativa para que todos los municipios actualizasen sus PGOUs, Normas Subsidiarias o lo que tuvieran en cada caso. Aunque se estableció un período de 2 años para dicha adaptación, la realidad es que no ha sido hasta después de más años, que se ha conseguido aprobar los diferentes planeamientos municipales. No ha sido, ni está siendo, nada fácil.

En Vila, dicha adaptación se hizo teniendo que bregar con asuntos candentes como Ses Feixes de Vila i del Prat de Ses Monges y su aprovechamiento urbano, la mejora de la siempre problemática red de alcantarillado, o la recalificación de espacios industriales en residenciales, y vicecersa. Siempre respondiendo a la susodicha presión demográfica creciente, y a las necesidades de expansión de la ciudad sobre el territorio.

En éstas circunstancias, el departamento de urbanismo de Vila vio crecer de forma exponencial sus activos, tanto en forma de personal (nuevos técnicos de grado medio y superior, nuevos administrativos especializados,…) como de material (nuevas oficinas, nuevos programas informáticos y de gestión,…); de forma que, en la actualidad, en Vila tenemos cubiertos prácticamente todos los apartados y especialidades dentro del urbanismo.

Desde los técnicos urbanísticos hasta los de medio ambiente, pasando por obras públicas y jardinería, podemos decir que no vamos descalzos en servicios técnicos.

¿Y por qué estoy mezclando el jaleo de la alcaldía y concejalías, con los servicios técnicos y administrativos municipales?

Pues porque en realidad políticos, técnicos y funcionarios deberían ir de la mano y, en su justa medida, conocer y aplicar la normativa con objetividad. Pero cuando ocurren éstas cosas que sólo consiguen desestabilizar el gobierno municipal, los primeros afectados son los técnicos y funcionarios, y eso acaba afectándonos a todos.

Es tan importante que haya estabilidad política como urbanística; me refiero a que, ante un problema urbanístico dado, la respuesta del consistorio siempre debería basarse en los informes técnicos vinculantes, los informes jurídicos, la celeridad y profesionalidad del funcionario administrativo, y la disposición del político a dar una solución al problema.

Si alguno de estos procesos se encuentra con obstáculos, los trámites se eternizan y empiezan los problemas de interpretación.

No puede ser que la voluntad política esté por encima del cumplimiento de la ley, sobre todo a nivel técnico donde los parámetros están para cumplirse.

No puede ser que un técnico emita un informe favorable, y luego el jurídico o administrativo de turno le busque los tres pies al gato, bien por indicación política bien por interpretación subjetiva y partidista de la ley… Lo que a la postre acaba siendo lo mismo.

No puede ser que se esté constantemente cambiando la manera de interpretar la ley; que un trámite que debería disponer de todos los beneplácitos políticos, de repente se enroque en uno u otro departamento municipal, y ni la alcaldesa pueda desbloquearlo.

Los técnicos están para informar y comprobar el cumplimiento de las normativas, tanto para la concesión de una licencia, como para emitir un informe urbanístico o inspeccionar una obra en ejecución. En lo que respecta a parámetros y medidas, su palabra debería ser vinculante y decisoria.

Los técnicos jurídicos (es decir los abogados municipales) son los que deben verificar que la base jurídica se cumple, y que los técnicos no incurren en error de interpretación. Deben dar suficiente soporte legal a los informes, pero sin inmiscuirse en los criterios estrictamente técnicos.

Los administrativos deben dar salida a los informes, dictámenes, notificaciones y demás, con la máxima celeridad dentro de la lógica. Ello siempre en directa dependencia de las decisiones políticas por un lado, y las técnicas y jurídicas por otro. Son los que dan la cara ante el administrado (es decir ante todos nosotros), pero sin poder de decisión o capacidad de modificación de los informes técnicos y jurídicos previos.

Y finalmente, el político, concejal o ‘cap de departament’ (sea éste técnico, jurista o simplemente político de carrera), son los que deben aprobar o denegar con su firma los diferentes trámites que se les presenten.

La tan famosa voluntad política pues, no puede ser tal sin una base técnica y jurídica que la sustente y le otorgue legalidad; por mucho que un político prometa, si su departamento no le sigue la corriente, la promesa se quedará en papel mojado.

Pero claro, ya llegamos al fondo del asunto, y el origen de muchos problemas contra los que luchar: nada es blanco o negro, sino que existe una extensa gama de grises en la que nos movemos.

Las normativas urbanísticas, si bien están perfectamente parametrizadas, pueden dar lugar a interpretación. Y quien interpreta, al fin y al cabo, es el técnico.

Las leyes urbanísticas, incluyendo las de rango nacional, regional y local, muchas veces son incompatibles o al menos discutibles, pues se da el caso de leyes de ámbito balear que se adaptan perfectamente a Mallorca pero en cambio no pueden ser nunca válidas para Ibiza, y menos para Formentera. Pero, en cumplimiento de ley, se deberían aplicar siempre con el mismo criterio.

Los trámites administrativos tampoco son blanco o negro, y ocurre que un mismo trámite en diferentes manos puede ser muy ágil o muy farragoso.

Si, al fin y al cabo, no son los políticos los que indican a técnicos, juristas y administrativos en qué gama de grises nos movemos, es difícil conseguir sacar algo en claro.

Y si los políticos están como ahora, sin guía ni objetivos, es normal que sus departamentos parezcan caóticos y mal organizados.

Nada más lejos de la realidad; pues todos siguen haciendo su trabajo de forma eficiente, sin saber en cambio si los trámites se podrán concluir satisfactoriamente y en tiempo. Tampoco depende de ellos.

Sólo algunos artistas de la administración saben manejarse como pez en el agua en éste galimatías.

Y estos artistas suelen ser los que consiguen sacar adelante los trámites, en muchas ocasiones independientemente de lo que técnicos, juristas y administrativos hayan podido decir sobre el asunto.