El Gobierno no ha tenido más remedio que replantearse las inasumibles condiciones de su Ley de Apoyo a los Emprendedores dado el amplio rechazo que ha encontrado en el deporte amateur. Exigir a los clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro una regularización fiscal y laboral es abocarlas a la desaparición. Las federaciones deportivas ya han dejado claro su deseo de solicitar un régimen especial para evitar su asfixia económica si, como pretende la normativa, están obligados a dar de alta en la Seguridad Social a monitores, técnicos o trabajadores que en la mayoría de casos reciben contraprestaciones testimoniales. No es de recibo que un chaval que percibe 200 ó 250 euros al mes por prestar su tiempo dos o tres veces a la semana con un grupo de niños o niñas pase a cotizar como si fuera empleado de un negocio puramente lucrativo.

No son pocos los malabarismos que realizan ya los clubes para ofrecer con esmero su actividad. Pero además, no serían exclusivamente sus dirigentes los afectados por esta ley, sino las familias de los chavales, que verían incrementadas en dos o tres veces sus cuotas mensuales. En su afán recaudatorio debería el Ejecutivo alzar la mirada y gravar a quienes más generan en lugar de exprimir a estos pequeños clubes que muchas veces encauzan a nuestros pequeños por el camino correcto. Resulta mucho mejor ejemplo una entidad que infunde a los jóvenes valores como el compañerismo, un estilo de vida saludable y un espíritu deportivo que gobiernos que amnistían fiscalmente a defraudadores y acechan al pequeño asalariado. Dentro del propio PP proliferan las voces discordantes con una ley abusiva que podría representar la extinción del deporte base tal y como hoy lo conocemos.