OPINIÓN| Antoni Costa, director general Presupuestos y Financiac

Régimen fiscal: un avance de enorme trascendencia

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Los ciudadanos que residimos en Baleares somos muy conscientes de los efectos que provoca la insularidad sobre nuestras vidas cotidianas. Desafortunadamente, los ciudadanos que viven en la península y los diferentes gobiernos de España no siempre han entendido la problemática vinculada a este fenómeno y, si lo han hecho, no le han prestado, al menos a mi juicio, la suficiente atención.

Y es que los ciudadanos que residimos en Baleares sabemos perfectamente lo que nos cuesta desplazarnos entre las islas o a la península y sabemos también que, a pesar de las bonificaciones en el precio de los billetes, recorrer una distancia similar sigue suponiendo más coste para un ciudadano de Baleares en relación con el resto.

Del mismo modo y aunque no sea tan visual, percibimos que los mayores costes de transporte vinculados a la insularidad se trasladan al sistema de precios de la economía, provocando que los consumidores acabemos pagando, al menos en parte, los sobrecostes del transporte.

Además, los ciudadanos ibicencos y formenterenses sabemos que los costes de transporte son distintos para cada una de las islas, puesto que los ciudadanos mallorquines padecen los efectos de la insularidad y nosotros los de la doble o triple insularidad, con los mayores sobrecostes que ello implica.

Pero no son sólo los ciudadanos los que se ven afectados por los sobrecostes asociados al transporte, sino que también las empresas sufren importantes pérdidas de competitividad vinculadas a este fenómeno.

De hecho, las empresas que necesitan importar materias primas para desarrollar su proceso productivo sufren un sobrecoste del transporte y sólo tienen dos opciones: trasladarlos a los precios provocando los perjuicios apuntados previamente para los consumidores o soportarlos ellas mismas a base de reducir otros costes o sus beneficios. Y no digamos ya las empresas exportadoras que pueden verse afectadas por los sobrecostes de transporte en el proceso de producción y de envío al exterior.
Por otra parte, sabemos además que los costes de prestación de los servicios públicos se ven también afectados por la insularidad y los costes asociados. A modo de ejemplo, no es lo mismo prestar la asistencia sanitaria en cuatro islas separadas por el mar que en un espacio de tamaño similar situado en la península. Tampoco supone el mismo coste construir una carretera en una isla -con los sobrecostes de transporte asociados a los materiales necesarios para su construcción- que en la península.

Los problemas que generan los sobrecostes vinculados a la insularidad para la vida cotidiana de los ciudadanos de Baleares no son pues una cuestión baladí, sino que requiere la máxima atención y el planteamiento de soluciones por parte de los poderes públicos.

En este sentido, debe ser el Gobierno Central el que sitúe a los ciudadanos de Baleares en una posición de igualdad frente al resto de ciudadanos españoles, utilizando para ello dos instrumentos: El Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Régimen Especial –que ahora además de económico también será Fiscal– de las Illes Balears (REB).

Con el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas deberían compensarse a los ciudadanos de Baleares los sobrecostes en la prestación de los servicios públicos que se vinculan a la insularidad. Ciertamente, el sistema de financiación actual ya contempla variables que tienen esta finalidad, pero las compensaciones que suponen para Baleares son, a mi juicio, claramente insuficientes, sobre todo si se comparan con los efectos que se derivan para Canarias. En consecuencia, cuando se plantee la reforma del sistema de financiación éste debería ser un planteamiento estratégico en las negociaciones.

Por otra parte, el Régimen Especial de las Illes Balears (REB) deber ser el instrumento que nos lleve a compensar los sobrecostes vinculados a la insularidad que soporta el sector privado. Para lograr el objetivo era necesario mejorar o incluir las tres patas que a mi juicio debe tener el REB.

En primer lugar, se debía avanzar en la mejora del sistema de compensaciones por parte del Estado que prevé actualmente la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial de las Illes Balears.

Ciertamente, ya en la actualidad existen importantes bonificaciones que suponen reducciones notables en los precios del transporte para los ciudadanos residentes en Baleares o permiten una igualación respecto a la península en los precios de la energía.

Sin embargo, los costes del transporte a los que se enfrentan ciudadanos y empresas siguen siendo, para distancias equivalentes, superiores a los de la península. Del mismo modo, se producen todavía sobrecostes importantes en ámbitos en los que se ha actuado de forma insuficiente. A modo de ejemplo, cabe citar los sobrecostes por insularidad vinculados a la gestión de los residuos o al abastecimiento de agua, que tanta preocupación despiertan en Ibiza y Formentera.

En segundo lugar, debía plantearse la creación de un fondo en los Presupuestos Generales del Estado que permitiese la ejecución de inversiones públicas en Baleares, encaminadas a la consecución de un doble objetivo.

Por una parte, financiar inversiones públicas en los ámbitos donde existen sobrecostes importantes vinculados a la insularidad –por ejemplo, plantas de tratamiento de residuos o construcción de desaladoras- y por otra, inversiones que permitan minimizar las pérdidas de competitividad asociadas a la insularidad.

Finalmente, debía incorporarse en el REB un régimen fiscal que introdujese un sistema de bonificaciones exclusivo para las empresas ubicadas en Baleares, con el fin de incentivar la inversión privada en nuestro territorio y mejorar la competitividad de nuestras empresas.

Esta última pata del REB es la que se aprobó en el consejo de ministros del pasado día 30 de abril, iniciando así su tramitación parlamentaria. Una pata de enorme trascendencia que había sido imposible conseguir hasta el momento, a pesar de los constantes intentos en todas las legislaturas pasadas.

Un régimen fiscal propio que crea una reserva para inversiones en Baleares que se traduce, en resumidas cuentas, en menores pagos de impuestos para aquellas empresas y autónomos que se ubiquen, inviertan y generen puestos de trabajo en Baleares. Por tanto, se introduce un claro incentivo a transformar los beneficios obtenidos por las empresas, en nuevas inversiones productivas que a medio plazo generan más actividad económica y más puestos de trabajo.

El avance que supone la introducción de un régimen fiscal propio en el REB es de enorme trascendencia para los ciudadanos de Baleares. De hecho, es sin duda el avance más importante que se ha producido desde la aprobación del propio REB en 1998. Sin embargo, esta reforma no permite concluir que se ha llegado a un REB que pudiéramos considerar óptimo y definitivo. Es necesario continuar mejorando las dos primeras patas del REB mencionadas previamente. Mejoras a las que nunca ha renunciado el actual Govern de las Illes Balears y a las que nunca deberían renunciar los Governs futuros.

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