Cuando los ciudadanos elegimos a nuestros gobernantes les estamos encomendando un poder sobre buena parte de nuestro día a día que requiere un compromiso y obligaciones. La disputa política debería quedar apartada o circunscribirse al juego de la gestión y fiscalización pero no ir más allá. La Educación, la Sanidad y la Seguridad Ciudadana deberían ser cuestiones abordadas desde el consenso pero, por desgracia, casi nunca ha sido así. Desde la llegada de la democracia ya llevamos 7 leyes educativas. Fer i desfer, feina de matalafer. Con la Sanidad pasa otro tanto. Pero la cuestión que me lleva a escribir este altavoz es la seguridad ciudadana. A mediados de agosto, vecinos de zonas como Forada, Buscastell, Sant Mateu o Sant Joan alertaron de un incremento de los robos en las casas de la zona. Al principio, sus quejas no hacían mella en la clase política. La alerta, poco a poco, pasó a convertirse en indignación y hartazgo por la sensación de inseguridad y la impunidad de los malhechores. Con el paso del tiempo estos hechos se convirtieron en una ola de robos con hasta cuatro asaltos en una sola noche. Los políticos empezaron a tomar consciencia, especialmente, en las zonas más castigadas. Aída Alcaraz fue de las primeras en atender las demandas de los vecinos tras la campaña impulsada por Dani Ripoll, un vecino de Sant Rafel víctima de dos robos. Los Dani Ripoll, Toni Roig, Maribel Roig, Joan Prats o tantas otras víctimas de robos de Santa Gertrudis, Sant Rafel, Sant Mateu, Sant Joan o Sant Josep, lo que quieren es poder cruzar el umbral de sus casas con la máxima seguridad para los suyos. Los encuentros y, sobretodo, desencuentros entre el Consell y la Delegación del Gobierno han sido la tónica de estos días con el 20D en el horizonte. Lo dicho: menos campaña y más agentes.