Siempre he pensado que la obligación del político es facilitar la vida del ciudadano gestionando lo mejor posible los recursos de que dispone. Personalmente creo que poco futuro tiene aquel responsable público que dilata las decisiones trascendentales con pseudoconsultas, entorpece el progreso de su ciudad y, lo que es peor, navega en la contradicción permanente.

El político nunca es juez ni parte, simplemente ha sido elegido por los ciudadanos para decidir lo que puede hacer con los resortes que tiene a su alcance, y son los técnicos, expertos en la materia, quienes deciden la forma más eficiente de aplicar esos recursos. Digo esto, porque algunos políticos se empeñan en poner palos en las ruedas en relación a aquellos temas sobre los que ya se han pronunciado favorablemente los ciudadanos y han obtenido el beneplácito de los técnicos, como es el caso de la reforma de la carretera de Santa Eulàlia.

Asistimos estos días a un espectáculo bochornoso por parte de Podemos y el PSOE en el gobierno del Consell en relación a esta cuestión. Podemos insiste en realizar una consulta popular para contentar a sus bases sobre la mejora de esta carretera, cuando el proyecto de reforma fue fruto del consenso en la legislatura de Xico Tarrés (PSOE). Recuerdo que participaron vecinos, colectivos e instituciones afectadas. El proyecto fue sometido a exposición pública y se presentaron alegaciones.

Ahora resulta que nada de aquello vale. La manida "nueva forma de hacer política" es obviar la decisión y participación de aquellos ciudadanos -que al parecer eran de segunda fila y su opinión no es sagrada-, y empezar de cero, someter el proyecto a una nueva consulta o encuesta sobre la cual hasta los propios partidos que gobiernan el Consell no dicen abiertamente si será o no vinculante. Esto más parece un espectáculo circense de doble tirabuzón con pirueta mortal hacia atrás. Lo peor es que este teatro costará 6.000 euros de dinero público, del bolsillo de todos. Yo voto para que este gasto corra a cargo de quienes promueven la encuesta.

La forma de entender la política de Podemos me resulta cada vez más confusa. En Eivissa hace lo imposible por someter la reforma de esta carretera a una consulta popular, pero de momento no he escuchado nada sobre la posibilidad convocar una encuesta sobre el "decretazo" de medidas urbanísticas recientemente aprobado por el Govern -sin diálogo ni consenso con los sectores implicados-, y que afecta directa e indirectamente a miles de ciudadanos de la isla, trabajadores, propietarios y empresarios, por no hablar de lo que supondrá la "moratoria" para la economía insular. En este caso, la opinión del ciudadano no es sagrada, no es importante.

La incoherencia se abre camino en este partido y mientras tanto tendremos que seguir circulando por una de las carreteras más colapsadas e inseguras de la isla. El retraso en la solución hipoteca el desarrollo futuro de los municipios de Sant Joan y Santa Eulàlia. Tampoco entiendo la posición del presidente del Consell, Vicent Torres, sobre una reforma que personalmente apoyó cuando era regidor de Santa Eulàlia y que llevaba el PSOE en su programa electoral. Torres se pone en evidencia ante su electorado cada día que pasa y demuestra una y otra vez que está secuestrado políticamente por su socio de gobierno.

Reitero que la obligación del buen político es dar facilidades al ciudadano, escucharle, gestionar lo mejor posible los recursos que tiene a su alcance y gobernar, porque para eso ha sido elegido. Navegar en la contradicción y dilatar las decisiones trascendentales con pseudoconsultas permanentes para contentar a las bases y para no asumir responsabilidades, genera desconfianza y frena el desarrollo.