No hay mayor prueba de democracia que respetar los procesos democráticos. Todos. No solo los que nos gustan. Pero, en esta legislatura, hay quien se ha acomodado a interpretar y reinterpretar los conceptos según les va para sus intereses partidistas. Hoy votamos en las urnas sobre un tema fundamental para la seguridad de los ciudadanos y mañana no lo votamos en el pleno. Porque nos gusta más aquello de hacernos la foto rodeados de gente y urna bajo el brazo que tener que levantar la mano, solo desde nuestro escaño, en contra de un proyecto que afecta directamente a la seguridad. Una consulta popular es democracia. Y también votar como representante electo en un pleno. Pero lo que algunos olvidan es que después de votar, después de las consultas, después de que los ciudadanos se hayan pronunciado, hay que respetar y ejecutar lo que se decida. Te guste o no. Y lo que no es de recibo es montar ahora una consulta popular porque no nos gusta el resultado de la que se hizo en su momento.
Si hay un proyecto en el que, precisamente, la ciudadanía mantiene una posición prácticamente unánime, es la mejora de la carretera de Santa Eulària. Durante la pasada legislatura, el PP concluyó las obras de la carretera de Sant Miquel, inició las de la carretera de Sant Joan y dejó lista la tramitación de la reforma de la carretera de Santa Eulària, a falta del informe de la Comisión Balear de Medio Ambiente para poder aprobar definitivamente el Plan Director de Carreteras. Ahora el equipo de gobierno, en clara muestra de irresponsabilidad, está situando en la casilla de salida un proyecto que estaba sobre la meta.
Y esa irresponsabilidad es aún mayor, mucho mayor, cuando vemos cómo lo que se está haciendo es cuestionar y retrasar un proyecto importantísimo para garantizar la seguridad de los usuarios. Un proyecto estudiado técnicamente para solucionar los problemas de siniestralidad y alta intensidad de tráfico, para asegurar la solución menos impactante y, además, la más consensuada. Porque este proyecto fue ampliamente estudiado por los técnicos y ampliamente consensuado por administraciones y ciudadanos. Todo este trabajo, técnico y de consenso después de muchísimas reuniones con los vecinos y usuarios, se tiene que respetar. No solo porque eso sí que es democrático, sino porque, por encima de todo, la reforma de la carretera es imprescindible para garantizar la seguridad y no admite más demora. Actuar de otra forma es, como decíamos, irresponsable, una burla a los ciudadanos y técnicos que participaron en la definición y el consenso del proyecto y una falta de respeto, precisamente, al proceso democrático.
A nadie se le escapa que los socios de gobierno en el Consell no se han entendido desde el primer día en que se sentaron a negociar, pero si a Podemos no le gusta este proyecto -consensuado y ampliamente respaldado- está legitimado para votar en contra en el pleno. Es ridículo que traten de camuflar su postura con un referéndum inútil que solo supone malgasto y retraso del proyecto, pero más preocupante aún es que el PSOE se lo permita.
Tan sólo el afán de ensanchar un protagonismo que se supone que ya tienen desde su posición de gobernantes insulares, tan solo la obsesión por marcar perfil respecto a sus socios en el Consell explica la decisión de retrasar un proyecto necesario y urgente y hacerlo más costoso. ¿Piensan los responsables de nuestra isla en la siniestralidad de esta vía cuando dicen que no es necesaria su reforma o se limitan a pensar en las bases de su partido atendiendo claramente a intereses partidistas?
El actual equipo de gobierno debería dejar de crear cargos de confianza para sus amigos y ponerse a trabajar para todos los ciudadanos, que es a quien representan, ya que en siete meses no se ha hecho ninguna gestión (útil) para acelerar la reforma de la carretera.
Lo que sí están haciendo estos días es una consulta bananera, donde una directora insular con urna bajo el brazo y, actuando de juez y parte, reparte y recuenta papeletas para un proceso que carece de garantía legal. Y todo precedido de una explicación a cargo de una consellera que dice que el proyecto está cerrado y una vicepresidenta que la desmiente asegurado que se puede tramitar uno nuevo. Por supuesto, siempre con la atenta mirada de un presidente, Vicent Torres, escondido desde la investidura, que cada vez está más aplastado por sus propios consellers y olvida que su función es la de solucionar los problemas reales de la gente, también de sus votantes, por cierto.
No estaría mal que él mismo aclarara ya si, acabada la consulta popular y si «no gusta» el proyecto, se respetará al criterio técnico, o hasta dónde llegarán con las modificaciones al mismo. Quizás también haya que votar después si el proyecto hay que modificarlo solo un pelín, o un pelinazo...
4 comentarios
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por poner un nombre a la consulta mas bien diria consulta bolivariana.
6000 firmas pidieron no masacrasen a las cabras, pasaron y cometieron la burrada, mas de 11.000 firmas y subiendo piden dimisiones y pasaran. Conclusión facil, cinicos, hipocritas y ademas bestias.
Necesitan hacer referendos para enmascarar su incapacidad y falta de profesionalidad y nula empatía, usando la prepotencia para cargarle el muerto a los votantes ya que si se equivocan, como suelen hacer, no se les ve el plumero tan escandaloso. PATETICO para PATETICOS
También es bananera la manera en que se hicieron las anteriores carreteras a golpe de mazo y autoritarismo más propia de una dictadura de república cocotera y os quedasteis como Dios.