Los ciudadanos de Balears estamos acostumbrados a que la administración autonómica nos comunique a finales de febrero principios de marzo de cada año que ha incumplido el objetivo de déficit público que tenía fijado.
Y es que, si exceptuamos el ejercicio 2013, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ha incumplido sistemáticamente los objetivos que se le han marcado en esta materia, aunque afortunadamente a día de hoy cifras de déficit superiores a los 1.000 millones de euros como las que se alcanzaban en 2011 y años anteriores, han sido desterradas.
No constituye pues un hecho novedoso que la Comunidad Autónoma anuncie el incumplimiento del objetivo de déficit, pero sí merece ser destacado el cambio radical en la percepción que una parte de la ciudadanía tiene respecto a las consecuencias que se derivan de los déficits excesivos y la falta de credibilidad de las administraciones públicas.
En este sentido, hemos pasado del pánico al default de la Comunidad Autónoma –y del propio Estado– que existía en el período 2011-2013 y la imperiosa necesidad de sanear las cuentas públicas para evitar situarse en el mismo camino que Grecia, a una sensación demasiado generalizada de que incumplir el objetivo de déficit no tiene ninguna consecuencia práctica.
Es más, la inexistencia de consecuencias apreciables no sólo se traduce para algunos en una despreocupación absoluta por la noticia sino que incluso les permite sentirse profundamente “orgullosos de incumplir” pues ello constituye un hecho inequívoco del cambio en la política económica aplicada por los nuevos gobernantes.
Sin embargo, las percepciones nunca cambiaran las realidades y la triste realidad es que los excesos de déficit y la falta de credibilidad de las administraciones públicas tuvieron, tienen y tendrán consecuencias de orden práctico, aunque a día de hoy estas puedan ser imperceptibles.
Por ello, resulta un tanto sorprendente que se tache de alarmistas a aquellos que analizamos lo sucedido en el pasado para predecir lo que nos puede suceder en el futuro, cuando en muchos casos la cuestión se resume a un puro hecho matemático que no permite contestación.
Y es que todavía existen algunos que no entendieron la concatenación de hechos que se produjeron en 2011 y que dieron lugar al impago masivo de las administraciones públicas. No entienden que cuando en una administración pública los gastos superan a los ingresos –déficit público– resulta imprescindible apelar al endeudamiento para poder pagar todo lo que te has gastado. Que cuando pretendes endeudarte es de vital importancia que tengas credibilidad, pues parece lógico pensar que quien presta dinero a la administración pretende que se le devuelva y se niega tajantemente a prestarte dinero si cree que no se lo vas a devolver. Que cuando se pierde la credibilidad resulta imposible financiar el déficit y se produce la consecuencia más evidente de los déficits excesivos como es la falta de liquidez cuyo efecto práctico es el impago.
No obstante, la evidencia descrita previamente se rompe cuando los ciudadanos aprecian que la pérdida de credibilidad derivada de los sistemáticos incumplimientos de los objetivos de déficit por parte de la Comunidad Autónoma y los reiterados anuncios de incumplimientos futuros, no se traducen en la temida falta de liquidez y los impagos. Es más, se produce la sensación de que se puede dinamitar tranquilamente la credibilidad de una administración pública sin que se produzca la más mínima consecuencia.
Sin embargo, conviene tener muy en cuenta que quien dinamita su credibilidad es la administración autonómica y afortunadamente, quien la financia únicamente se preocupa por la credibilidad del conjunto y obvia las actuaciones individuales que en este sentido hace cada administración.
Sólo así se explica que el cordón umbilical –denominado Fondo de Liquidez Autonómica (FLA)– que une al Estado con la mayoría de comunidades autónomas, incluida Baleares, suministre los nutrientes –en forma de millones de euros– necesarios para pagar todo el gasto autonómico sin que se exijan mayores esfuerzos para cumplir los objetivos. Da igual si una administración autonómica incumple, mientras el Reino de España cumpla o se acerque mucho al cumplimiento y no se ponga en riesgo la credibilidad del conjunto.
Por ello, es perfectamente posible que el Govern de las Illes Balears certifique esta misma semana que ha incumplido el objetivo en 2015, anuncie la realización de escasos esfuerzos para cumplir en el futuro y por tanto, un muy probable incumplimiento en el ejercicio 2016, y a al mismo tiempo, se afirme con rotundidad que se pagarán las facturas en plazo, eso sí se hará cuando el cordón umbilical suministre los nutrientes.
Incluso es posible mantener una deuda de 9.000 millones de euros, incumplir el objetivo de déficit, anunciar incumplimientos futuros y conseguir que las agencias de calificación de riesgos te pasen la perspectiva de estable a positiva, dado que se consigue demostrar que la deuda se refinanciará fácilmente, que se solicitará una condonación de una parte de la deuda que se tiene con el Estado y que no existirá ningún problema para financiar los excesos de déficit, pues la unión del cordón umbilical es muy consistente y no se romperá nunca.
Tampoco se mejora la credibilidad en materia económica si, en un ejercicio de suministro de información por parte de la Conselleria de Hacienda que los ciudadanos agradecemos muy sinceramente, se evidencia que en el ejercicio 2015 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears podría haber hecho algo más que atribuir las culpas del incumplimiento al Estado, al sistema de financiación autonómica y al gobierno anterior.
En este sentido, resultan muy destacables los 177 millones de euros de ingresos no financieros adicionales que se han obtenido en 2015 respecto a 2014 –y que alcanzarían un importe muy superior si no se incluyesen algunos ingresos que no son imputables al déficit de 2014– como consecuencia de un importantísimo aumento –109 millones– de los ingresos tributarios gestionados por la Comunidad Autónoma gracias a la mejora de la actividad económica y un buen comportamiento, eso sí puramente coyuntural, del sistema de financiación autonómica –162 millones.
Al mismo tiempo, destacan también los 86 millones de euros de gastos por intereses de la deuda que se han reducido en 2015 en relación a 2014 como consecuencia de la fijación de un tipo de interés del 0% para la deuda que la Comunidad Autónoma tiene con el Estado.
En cambio, el déficit ha pasado de situarse en los 460 millones de euros (1,74% del PIB) en 2014 a 412 millones de euros (1,51% del PIB) en 2015, es decir, una reducción de 48 millones que no parece evidenciar un esfuerzo muy intenso de contención de gasto a juzgar por los importantes incrementos de ingresos y reducción de gastos fijos apuntados previamente.
En fin, es evidente que vivimos una época muy distinta a la que sufrimos hace algunos años tanto en la administración autonómica como en el conjunto de la economía, aunque –sin ánimo de ser alarmista– conviene no olvidar lo que nos sucedió en el pasado y porque nos sucedió, para que no se vuelva a repetir en el futuro.
Conviene, además, no confiar demasiado en aquellos que se siente “orgullosos de incumplir”, pues sólo así garantizaremos que en nuestra región tengamos una comunidad que además siga siendo “autónoma”.
1 comentario
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El problema, amigo mío, es mucho más profundo. Desde siempre los gobiernos han deseado más poder, es decir, una mayor parte de la tarta económica de cualquier país. Por lo que tienen tendencia a elevar los impuestos y la deuda hasta lo máximo que la población puede aceptar. Por su parte, los Parlamentos deberían tener la misión de frenar y hacer de contrapeso a las ansias de poder gubernativo. Sin embargo, en nuestro país, debido al sistema electoral y de partidos, los Parlamentos sólo sirven para ratificar las normas emanadas de los Gobiernos. Pues tiene más “mando en plaza” un director general que cualquier diputado que sometido a la disciplina de partido y a las listas electorales cerradas carece por completo de margen de maniobra. De esta forma, las principales instituciones de nuestro país tienen incentivos a engordar el poder del Estado, dejando al sufrido ciudadano sin voz ni representación auténtica. Sin duda, el problema se agrava en las CCAA en donde, además, hay incentivos a desarrollar política de corte proteccionista que dañan fuertemente la actividad económica general a costa de beneficiar a unos pocos. Así, sólo se corregirá el déficit cuando volvamos a estar con el agua en el cuello como al inicio de la legislatura pasada o, si somos capaces de realizar algunos cambios más profundos que supongan una nueva forma de organizar nuestra democracia. De cada vez más, la política económica consiste en el diseño de los incentivos correctos para el crecimiento. En eso debemos pensar.