Es evidente que en Eivissa tenemos un problema grave con los atascos de nuestras carreteras, especialmente en temporada alta. Desde Podemos Eivissa, tenemos muy claro que el transporte público es la herramienta principal para parar el continuo incremento del número de vehículos privados en nuestras carreteras, que es ya el más elevado de España por número de habitantes, para mejorar la calidad de vida de residentes y visitantes y para incrementar la seguridad vial. Al igual que la educación o la sanidad, la movilidad debe ser enfocada como un servicio público, y no debe medirse por lo que cuesta de forma directa, sino por el beneficio social y la calidad de vida que aporta a la sociedad y por los enormes ahorros económicos que genera a medio y largo plazo. Para entender este ahorro de dinero público, basta con pensar que el desdoblamiento de un pequeño tramo de la carretera de Santa Eulària (poco más de 3 Km.) nos cuesta 24 millones de euros, o en los gastos sanitarios que comportan los accidentes de tráfico, o en el elevado coste social de las enfermedades y muertes producidas por la contaminación de los vehículos motorizados, o en el valor del tiempo perdido en atascos, para citar sólo algunos ejemplos.
Esta legislatura es clave para que Eivissa disponga de un sistema de transporte público puntero, ya que en 2018 caducan todas las concesiones a empresas privadas, y tendremos la ocasión histórica de dar soluciones duraderas a un problema acuciante de nuestra isla que es ya un clamor social, mejorando notablemente la calidad de vida de las personas residentes y también la calidad de nuestra oferta turística. El compromiso de Podemos Eivissa para lograr este cambio es muy firme. Una manera de conseguir más recursos para el transporte público es recordar que, durante muchos años Eivissa ha padecido un nivel de gasto público en trasporte muy inferior al de Mallorca, dónde se ha llegado a invertir hasta 100 veces más por habitante y año en este concepto. Es hora de ser valientes, y reivindicar con firmeza que se compense la deuda histórica que se ha generado, aprovechando el dinero que nos llegue para dar solución a las principales carencias del servicio y para sentar las bases de una empresa pública insular de transporte regular, tal como consta en los acuerdos de gobierno del Consell firmados por Podemos/Guanyem y el PSOE.
Para que residentes y turistas elijan moverse en transporte público, éste debe ser competitivo en precios (ahora es de los más caros de España) y mucho más eficiente en horarios, frecuencias y recorridos de las líneas. También los vehículos deben ser más cómodos, modernos y silenciosos (preferentemente eléctricos a medio y largo plazo) y su tamaño debe ser adecuado al servicio que prestan.
Dos problemas específicos del transporte público en Eivissa son el alto número de población dispersa y la elevadísima temporalidad. Para los núcleos urbanos la solución es bastante sencilla, si hay voluntad política y recursos: incrementar mucho la oferta y ofrecer tarifas más competitivas. En las zonas de baja densidad de población, en cambio, es muy difícil proveer un servicio con frecuencias elevadas. Caben mejoras de horarios y autobuses o minibuses eléctricos, pero pensamos que para estas zonas la mejor solución pasaría por adecuar unos aparcamientos disuasorios intermodales en los pueblos más cercanos, dotándolos de intercambiador de autobuses, puntos de recarga de vehículos eléctricos y servicio de alquiler de bicicletas. También podría haber un espacio habilitado para el car-sharing (coche compartido) o el car-pooling (que consiste en compartir gastos entre usuarios que hacen el mismo recorrido); se trata de sistemas sin ánimo de lucro apoyados en plataformas digitales y Apps en los móviles. Con el tiempo esta red de aparcamientos estará interconectada también por carriles bici.
Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos mucho en nuestra tarea de diseño del nuevo marco tarifario: además de suprimir el injusto repago por trasbordo ofreciendo un billete sencillo que dure un tiempo determinado (por ejemplo 90 minutos), podremos crear una tarjeta ciudadana integrada para los residentes, que podrá incluir varios servicios como el abono mensual ilimitado de transporte público y el alquiler de bicicletas convencionales y eléctricas, y que nos permitirá también poner en práctica nuestra idea del transporte como derecho y como elemento de justicia social, aplicando descuentos o exenciones para colectivos como jóvenes, estudiantes, parados, y personas en riesgo o situación de pobreza (además de los jubilados o personas con discapacidad, que ya tienen su “tarjeta daurada”). Esta tarjeta podrá incluir también acceso a bibliotecas y descuentos para espectáculos para apoyar la cultura y diversificar la oferta de ocio.
Gracias a las nuevas tecnologías que ya se aplican en otras ciudades de Europa y de España, se podrá crear también una aplicación de móvil de descarga gratuita para efectuar pagos y para conocer en cada momento el recorrido y horarios de todas las líneas, el tiempo de espera para el siguiente autobús, los asientos disponibles (especialmente útil para personas discapacitadas), además de las plazas disponibles en los aparcamientos disuasorios intermodales, la disponibilidad de puntos de recarga rápida de vehículos eléctricos y de la localización de las bicicletas de alquiler.
Para dar respuesta a la estacionalidad, además del incremento de frecuencias en verano proponemos crear unos bonos turísticos específicos para hacer atractivo el transporte público y reducir la dependencia de los coches de alquiler. Los turistas también podrán utilizar el servicio insular de alquiler de bicis, y se pueden estudiar sistemas novedosos de acceso a playas y calas (por ejemplo, a través de un servicio de lanzaderas desde aparcamientos disuasorios o por medio de barcas) para evitar la congestión de vehículos, una situación realmente peligrosa cuando hay un incendio y se genera un ‘efecto embudo’, como vimos hace pocos años en Benirrás.
Además de todas estas mejoras, la plataforma integrada permitirá optimizar la gestión de flotas de vehículos públicos (policía, ambulancias, bomberos), la gestión de vehículos de emergencias, de recogida de residuos, grúas, conocer en tiempo real la disponibilidad de plazas de aparcamiento, o reservar las plazas de carga y descarga o las plazas de discapacitados.