El martes pasado, cuando dio comienzo el operativo de desalojo de las viviendas ilegalmente ocupadas de Sa Penya, se sucedieron los lógicos momentos de tensión que se han vivido estos días. Los operarios de limpieza entraban acompañados de la fuerza pública en las casas y desde los balcones y azoteas otros vecinos del conflictivo barrio gritaban: «¡Sa Penya es nuestra!», «¡Da igual que tiren todo, en dos semanas volveremos!», «¡Somos gitanos, somos guarros por naturaleza!». Otros hacían befa de los policías de la Comisaría de Ibiza: «¡Suerte de los policías de Valencia!», «¡Han tenido que venir de fuera para echarnos!», «¡Los de aquí no se atreven a entrar!». Por supuesto no podía faltar el consabido grito de «¡Somos personas, no animales!». Pude constatar en primera persona dos cosas: primera, la falta absoluta de respeto por la Autoridad o sus agentes, las leyes y las normas, un principio básico en todo Estado de Derecho. Y segunda, la intención de los ocupantes de persistir en su desafío y volver a las andadas a la mínima oportunidad que se les ofrezca, de entrar en una casa que no es suya y conectarse a las acometidas de luz y agua municipales. Y no será fácil impedirlo. El equipo de gobierno municipal y el consistorio en su conjunto han sido valientes, como lo fueron sus antecesores, porque lo más común en estos casos es mirar hacia otro lado. Bien es verdad que Sa Penya ya se había convertido en un problema demasiado grande y ya se sabe que, a grandes males, grandes remedios. Pero no deja de chirriar la actitud de la PAH Eivissa en este asunto, tan combativos en muchos desahucios pero invisibles en uno colectivo que ha afectado a 20 familias (35 adultos y 15 menores). Hubiese sido curioso ver a Gloria Corral o a Aitor Morrás manifestarse ante Can Botino, como lo han hecho ante el Banco de Santander, con su pancarta de ‘Stop desahucios’ o ‘La vivienda es un derecho’. Pero está claro que hay desahucios y desahucios.