Este tipo de programas no son bienvenidos y pondremos cuantas pegas sean posibles para evitar que vengan». El director insular de Turismo, Vicent Torres ‘Benet’, se expresó en estos términos al referirse al rodaje de un reality show en una villa privada por parte de una productora francesa. También dijo que «ruedan principalmente en espacios privados, que no requieren permiso desafortunadamente». Y añadió: «desde el Consell no apoyamos ninguna iniciativa que pueda suponer promocionar el turismo de juerga y borrachera». Parece perfecto que un responsable político del Consell d’Eivissa tenga su opinión acerca de los programas de televisión que se ruedan en la isla. Lo que ya no parece tan bien es que diga abiertamente que pondrá «cuantas pegas sean posibles». Si algo es legal –como lo es rodar en un espacio confinado privado, que no requiere de autorización ninguna, afortunadamente (no desafortunadamente, como dice Torres)–, la Administración no debe amenazar con intervenir, ni mucho menos advertir que piensa torpedearlo o poner pegas en cuanto pueda. Vivimos en un Estado de Derecho y si algo no infringe la Ley, no está en la mano de los poderes públicos impedirlo o dificultarlo, porque de lo contrario entramos en el campo de la arbitrariedad y la discrecionalidad, que tantos comportamientos contrarios a la ética y a la legalidad alimenta. Otra cosa es que la productora grabe en espacios públicos sin permisos, como hicieron en Formentera los navegantes de un yate al organizar una comilona para 30 comensales con catering y todo en la Playa des Migjorn. Si incumplen la Ley, denúncienlos y que la Policía Local les desmonte el tinglado. Pero si no incumplen la Ley, no hay nada que decir. Conviene ser prudentes.