Imagino que a muchos ibicencos les entró un sudor frío el sábado por la noche cuando supieron que los cinco detenidos en la ‘operación Port Torrent’ habían sido puestos en libertad. Las pruebas eran concluyentes y la operación de la Guardia Civil había sido todo un éxito. La detención de un agente no debió ser plato de buen gusto para sus compañeros. Pero mucho peor fue enterarse de que los cinco detenidos, autores materiales de decenas de robos, muchos de ellos con los propietarios dentro de la casa, habían sido puestos en libertad. Y que el agente acusado de formar parte de la banda puede volver pronto a trabajar en favor del orden, en la defensa de la ley, en la persecución de los delincuentes. Y volverá muy pronto a compartir taquillas en el cuartel de Sant Antoni con algunos compañeros con los que posiblemente había visitado alguna de las viviendas robadas. No acabo de entender qué más pruebas deben entregar los agentes de la Guardia Civil para que los delincuentes vayan a prisión. Qué hace falta para que un fiscal solicite prisión sin fianza, como hizo hace no mucho con el sujeto que se le ocurrió prender fuego a todo un edificio a Sant Antoni. Quizás pueda parecer irrespetuoso, que estas cosas se impiden creer en el Estado de Derecho. Porque he visto desfilar por los calabozos y en los juzgados a personas que no han cometido ni el 0,0001 por ciento de los delitos de esta banda de ladrones. Y se han pedido diez, doce y hasta dieciséis años de cárcel para personas que en la libertad son totalmente inofensivas. A mí estas situaciones me producen indignación, rabia y vergüenza. No me quiero imaginar lo que piensan los guardias civiles que sí persiguen delitos.