Una ya no sabe si es simple afán recaudatorio, que sería hasta entendible, o por debajo de ciertas actitudes políticas se esconde un odio atroz completamente incomprensible. Cualquiera que haya visitado Barcelona últimamente habrá visto que allí anidan un montón de problemas. Pero parece que Ada Colau sólo siente fijación por uno: castigar a los propietarios de viviendas. Por un motivo o por otro, siempre está al quite de lo que pueda pasar para lanzar a su ejército de recaudadores, no creo que para pillar pasta, sino más bien para lanzar un mensaje ejemplarizante contra ¿la burguesía? ¿los bancos? ¿la gente normal y corriente que tiene un piso en propiedad? No sé muy bien cómo interpretarlo. El caso es que la antaño dirigente de la Plataforma Anti Desahucios quiere proteger a los okupas del edificio La Rimala, cosa que hasta cierto punto podría justificarse puesto que el propietario del inmueble ha pasado del tema durante años. Lo que no se entiende es que, además de santificar la ocupación de una propiedad privada –algo que como activista se puede hacer, pero como alcaldesa no–, se dedique a perseguir con saña al dueño del edificio. La noticia es que Colau va a multarle con una sanción entre 25.000 y medio millón de euros por «incumplir la función social del inmueble prevista en el artículo 41 de la Ley del Derecho a la Vivienda», ya que lo ha mantenido vacío desde hace veinte años. La ley catalana, que establece además un impuesto para los dueños de casas vacías, se aprobó apenas hace un año y ya ha sido recurrida ante el Constitucional, que la mantiene suspendida. ¿A qué juega, pues, la alcaldesa revanchista?