Hablemos de ordenación territorial

Da exactamente igual que todas las leyes y normas restrictivas en materia de ordenación territorial que se han aprobado en 33 años de autonomía hayan sido aprobadas por el Partido Popular con el voto en contra de todos esos que desde la atalaya de la superioridad moral destacan cada día la paja en el ojo ajeno obviando la gran viga de la incapacidad demostrada cada vez que han gobernado.

Para ellos, no importa que los hechos sean verdad o mentira, en realidad cuanto más mentira sean mejor para excitar los sentimientos.

Si hoy le preguntamos a la consellera de Territori cuántas edificaciones se han construido dentro de suelo forestal –marcado así por el PTI- o en área de riesgo de incendios desde 2005, contestará que no lo sabe. Nadie lo ha analizado. Y si damos la razón a Miquel Ramón –nada sospechoso de especulador- respecto de que, por la incapacidad del equipo de gobierno, en un año se han tramitado más licencias en rústico que las previstas en toda la legislatura, se acalla el argumento no sea cosa que se demuestre que los pretendidos cruzados contra la especulación sean en verdad los que la promueven.

Adentrarse en el debate de la ordenación territorial de nuestra isla exige aceptar la complejidad, desnudarse de los apriorismos y los prejuicios y elaborar argumentos de mayor peso que simplemente aducir que todos somos "especuladores, saturadores y malos ibicencos". De acuerdo, aceptemos por un momento que somos todo eso, pero ¿alguna idea más que no insulte la inteligencia de los ibicencos?

¿Podemos, los del Partido Popular, participar en el debate de la ordenación territorial para desenmascarar el cuento chino del consenso ofrecido por el presidente del Consell? ¿Podemos decir que sin saber cómo acaba la modificación de la ley del suelo, la de turismo, la ley agraria, es imprudente adentrarse en la modificación de una norma, el PTI, que es restrictiva y ha contribuido a reducir la presión en estos años? ¿Nos es permitido, a los del Partido Popular y a los "especuladores, saturadores y malos ibicencos" que nos votan –que deben ser todos los que nos votan- indicar que conviene esperar al diagnóstico encargado para adoptar decisiones con conocimiento de causa o simplemente debemos fiarnos de la capacidad de análisis de los que afirman que ‘si hay toallas colgadas hay turistas dentro’?

¿Nos es lícito destacar que se pueden prever todas las normativas más restrictivas que se quiera pero que si nadie tiene interés en la disciplina urbanística la restricción es un brindis al sol? ¿Se nos deja apuntar la contradicción que supone vendernos cada día la milonga de la saturación y al tiempo proponer la legalización de alquileres turísticos en plurifamiliares o provocar un espectacular efecto llamada de licencias urbanísticas? ¿Hemos de resignarnos a que sean los tres ayuntamientos socialistas los únicos que mantienen a sus ciudadanos en la inopia de ninguna ordenación en suelo urbano?

La mejor garantía del desorden y la proliferación de edificaciones son las políticas del disimulo del presidente del Consell, Vicent Torres, que le permiten decir el Vuit d’Agost con toda la pompa que es necesario el consenso sobre la ordenación territorial y cuando se le acepta el envite, imponer con autoritarismo una Norma Territorial Cautelar que directamente empobrece a todos los ibicencos menos a las grandes promotoras. Las mismas políticas del disimulo, en fin, que le permiten vestirse de defensor del territorio y amparar un auténtico coladero de licencias urbanísticas con carácter previo a la NTC. ¿Acaso defendiendo los intereses de los especuladores?

En el Partido Popular no necesitamos demostrar nuestra capacidad para llegar a acuerdos, lo hicimos la anterior legislatura de la mano del president Vicent Serra abriendo una negociación sobre la ordenación territorial, también aprobando con acuerdo del resto de grupos políticos la ley de finanzas y la ley de racionalización normativa de la comunidad autónoma o la ley de financiación con los cuatro Consells. El problema es que -hablemos claro- para llegar a acuerdos es necesario tener altura de miras y ser valiente, cosas ambas a las que desde el minuto uno de esta legislatura han renunciado los socialistas.