Parece que la denuncia interpuesta por acoso laboral por parte del jefe de Policía de Sant Antoni, Javier Verdugo, contra la concejala de Gobernación Aída Alcaraz ha sido la gota que ha colmado el vaso. A falta de argumentos y haciendo alarde de una actitud manifiestamente irresponsable y negligente, la concejala parece estar buscando trapos sucios que no encuentra para apartar de forma irregular al jefe de Policía de su puesto de trabajo. La misma irregularidad con la que contrató a la Directora Técnica, Ángeles Gallardo.
Para entener la crisis que vive esta concejalía portmanyina hay que remitirse a una serie de hechos acontecidos durante los dos últimos años: se desaloja a Javier Verdugo de su despacho de trabajo, se le retira el coche policial, se nombra a una directora técnica de forma irregular para usurpar las funciones atribuídas al jefe de Policía (en contra de los informes del secretario y del interventor), no se le convoca a las reuniones de mandos, se le desplaza de los actos oficiales, el Juzgado nº1 de lo Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca estima la demanda interpuesta por Javier Verdugo sentenciando que la contratación de Ángeles Gallardo es irregular y que se ha producido un «manifiesto desvío de poder», el jefe de la Policía se ve obligado a solicitar la baja e interpone una denuncia por acoso laboral.
Antes estos hechos, ¿qué medidas creen que ha llevado a cabo la concejala para poner fin a la situación? ¿Abrir un espacio de diálogo con el jefe de Policia y respetar las funciones que le atribuye la ley y el reglamento de policía? Eso habría sido demostrar un nivel de diligencia y responsabilidad que no parece abundar en dicha concejalía. En cambio, lo que ha decidido la concejala es intentar apartar al jefe de Policía como represalia a las medidas legales que se han emprendido contra ella, mediante una propuesta de resolución que pide la revisión por presunta nulidad del nombramiento de Javier Verdugo como inspector jefe de la Policía Local del municipio. Un ejercicio que pone de manifiesto una incapacidad preocupante para encabezar un departamento tan importante para Sant Antoni como es la Concejalía de Gobernación.
Lo más preocupante es que estas represalias con un marcado carácter vengativo, no solo perjudican al jefe y al Cuerpo de Policía, sino a los vecinos de Sant Antoni, que observan con estupefacción la gestión negligente que se está llevando a cabo en este departamento. Por suerte, parece ser que pese a las adversidades, el rigor del medio centenar de policías que integran el Cuerpo de Policía está paliando los efectos negativos de esta problemática. Que la justicia se pronuncie, que la cordura vuelva a imperar y que se depuren las responsabilidades necesarias, porque Sant Antoni no merece vivir esta situación.