J. M.Eivissa24/04/17 4:00
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Cuando saltó el escándalo del jefe de campaña de Més me sorprendió cómo algunos aseguraban que, aunque el asunto pudiese ser estéticamente feo, no se había cometido ninguna ilegalidad. Imagino que el partido que había protagonizado el llamémoslo ‘escandalillo’ influía a la hora de analizar, en cuestión de minutos, el asunto desde el punto de vista judicial. Otro colega, en cambio, recordó que Bartomeu Vicens, exdiputado de UM, ingresó en la cárcel por un contrato de 12.000 euros. Toda la teoría de la ‘legalidad’ defendida con tanta vehemencia se fue por los suelos cuando la Fiscalía ordenó una investigación. La consellera de Transparència, Ruth Mateu, había dimitido porque en su departamento trocearon contratos para beneficiar al jefe de campaña de Més. Todo legal, por supuesto, pero el asunto apestaba y el tal Garau se había embolsado más de 150.000 euros en las consellerías de sus amiguetes de Més. Por cierto, aún esperamos que el Consell de Formentera dé una explicación convincente sobre los motivos por los cuales se encargaron estudios turísticos al ‘gurú’ de Més que ya hacía el Govern. Más de 100.000 euros han costado los favores de Garau.

Pero ahora tenemos el asunto de los contratos menores de Sant Antoni. El interventor municipal deja claro que dichos contratos no pueden superar los 18.000 euros, algo que saben perfectamente todos aquellos que hayan trabajado en la administración, pero el Gobierno de ‘Cires’ decide sortear la ley, contratos que superan los 60.000 euros camuflados y un informe del interventor que denuncia las ilegalidades. Imagino que les da igual todo, como ya ocurrió con la sentencia de Gallardo. Ellos tienen su propia verdad y de ahí no salen, pero puedo adelantarles que el asunto dará mucho que hablar.