El Consell d’Eivissa, que cuando le conviene tiene competencias en materia de vivienda y cuando no le conviene, no las tiene y echa balones fuera, ha anunciado la puesta en marcha a partir del mes que viene de un servicio de orientación jurídica, al que podrán recurrir las personas que tengan problemas con sus contratos de alquiler, hipotecas, o cualquier otro problema relacionado con la vivienda. Argumentan que ofrecen este servicio a petición de los ayuntamientos y como primera medida para luchar contra la emergencia habitacional. Curiosamente, el servicio se otorga a dedo durante medio año a un abogado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Eivissa) por un precio de 11.060 euros, lo que viene a ser 1.843 euros al mes. No está nada mal, teniendo en cuenta que el servicio se prestará durante 44 horas al mes y en agosto tan solo 20 horas, que hace mucho calor. Si esto lo hiciera el PP, los de Podem pondrían el grito en el cielo, se rasgarían las vestiduras y se mesarían los cabellos entre alaridos. Pero como lo hacen los de Podem, con la anuencia del PSOE, pues se trata de luchar contra la emergencia habitacional. Pero a esto le llamo yo descarado amiguismo, porque la PAH y Podem son primos hermanos, aunque Viviana de Sans argumenta que lo hace para garantizar la máxima calidad y solvencia del servicio. Regar con dinero público, a través de un contrato menor otorgado a dedo, a una entidad afín, es una forma de corrupción como cualquier otra. Y vestirlo como una respuesta a una demanda ciudadana, es tratar de tomar el pelo a la gente. ¿No sería más lógico que esto lo hiciera el IBAVI, que para eso tiene las competencias? ¿Por qué no sacan el servicio a concurso? Seguro que saldría mejor de precio. Pero entonces ya no podrían premiar a la PAH Eivissa con el dinero de todos.