V. MaríEivissa06/08/17 4:01
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La forma gráfica de definir la situación creada por el Govern en el proceso de reparto de los fondos procedentes del impuesto de turismo sostenible es una mezcla de magia y humor que no tiene nada de gracioso y mucho de ocultismo. Ejerciendo de ilusionista espabilado, el Ejecutivo balear se ha vuelto a burlar de los ayuntamientos con el tema del reparto de la ecotasa –ya van dos veces-, y no sólo el dinero que se recauda en los municipios vuela hacia el Govern, sino que no deja que las Corporaciones locales presenten proyectos directamente. A pesar de las promesas, de las buenas palabras y de las palmaditas en la espalda pidiendo un ‘voto de confianza’, se ha decidido dejar a las instituciones locales fuera del reparto directo de los fondos, y eso que son las administraciones municipales las que gestionan a diario el flujo y el desgaste que la carga turística supone en las infraestructuras y servicios de Balears.

Si el año pasado, con la recaudación del impuesto el Govern se pagó a si mismo proyectos ya comprometidos y presupuestados, ahora las entidades locales, excepto el Ayuntamiento de Palma, necesitan que la Felib o que el Consell Insular –que también puede presentar sus proyectos- apadrinen los planes considerándolos de interés supramunicipal. En un gesto de claro desprecio al resto de ayuntamientos, se deja sin voz a quienes conocen de primera mano las necesidades ciudadanas. ¿Alguien duda de que ahí hay un conflicto de intereses y que puede haber proyectos útiles que queden fuera por primar otros con mejores padrinos?.

Lamentablemente, éste no es el único ejemplo de la manera de actuar de un Govern sin rumbo ni dirección, sin un proyecto claro de Comunitat. La ‘ley Frankenstein’ de Turismo es otro de esos ejemplos en que la izquierda da lecciones de cómo no se deben hacer las cosas. La tramitación de la ley recuerda al famoso espectáculo de Tip y Coll sobre cómo llenar un vaso de agua, es decir, cómo dar un montón de giros inútiles para llegar a lo obvio. La ley nació dejando la responsabilidad del alquiler turístico a las comunidades de vecinos, luego se hizo una modificación que deja la decisión en manos de los ayuntamientos y Consells pero ni ellos mismos –PSOE y Podem- saben si bloquea o no el alquiler turístico en plurifamiliares sin necesidad de otros permisos –, y ahora se necesita un decreto ley para dejar claro cómo impedir una de las circunstancias que crea más problemas de convivencia en los municipios y que más influye en el alto precio del alquiler para residentes y trabajadores de temporada.

Los ciudadanos merecen algo más, merecen a políticos comprometidos con su pueblo y no con las tesis dogmáticas de un partido. El compromiso se demuestra actuando y trabajando, no lanzando soflamas populistas y creando problemas en lugar de resolverlos. Mientras el Govern se dedica a tratar de contentar a sus diferentes grupos de apoyo, desde Santa Eulària des Riu se han aprobado iniciativas urbanísticas para acabar con los problemas que afectan a nuestros vecinos. Nosotros sí tenemos claro que queremos un modelo de convivencia sin altercados, sin molestias, sin mezclas de usos peligrosas y sin abusos. Y en eso seguiremos, incluso a pesar del desgobierno y las trabas de quienes dicen defender a los ciudadanos, pero sólo cuando sus intereses son los mismos que los de su partido.