Yo defiendo la sanidad pública, pero en Baleares no pasa por sus mejores momentos, al menos en lo que concierne a Ibiza. Tras las extravagantes exigencias del catalán existe una estrategia de ingeniería social que nos acabará de llevar al caos. No es la obligatoriedad del certificado B2 de catalán la única causa de nuestra alarmante situación.

Todos sufrimos esta acuciante carencia de vivienda accesible desde el año 2000, por la simple razón que los propietarios prefieren dedicarla al alquiler turístico. Los empresarios hoteleros ya han diseñado una estrategia que blinda a su personal: ofrecen habitación a los temporeros, como se había hecho siempre en Ibiza y Formentera. En el caso de los médicos esto no se había intentado, hasta el ensayo del año pasado, recuperando espacios de Can Misses para el personal sanitario.

En el caso de médicos y otros funcionarios, esto es un apaño antes que una solución. Dedicados a trabajos muy estresantes, con sueldos muy mejorables, al menos merecen un cobijo reparador y seguro.

Otros profesionales están viendo como sus opciones profesionales no son ninguna bicoca y muchos se han ido marchando de Ibiza en los últimos diez años. A los que han ido soportando su vida laboral y social en la isla, les quedaba la sorpresa impuesta por el catalanismo rampante. Más deberes. Muchos médicos entienden el ibicenco, pero no pasarán por la criba de más requisitos impuestos por una clase política ideologizada y salvajemente inculta. Piden plaza en la Península o el extranjero y nos van abandonando. Y aquí nos quedamos los enfermos ibicencos, disfrutando del catalán del Pacto de Progrés y disfrutando de lo votado.

Cuando te dicen que hay unos 1.500 pacientes en espera de una operación es que la sanidad pública balear no funciona. No me refiero ya a que caiga el programa informático -lo cual es otro síntoma. Me refiero a que no hay médicos, anestesistas o sanitarios en general. Y que hay un total de 3.794 pitiusos en lista de espera para ver al especialista. Esto sí, mucho catalán.