Arte y política

Pero, guste más o menos, la realidad es que la decisión de retirar del espacio expositivo la dichosa obra, no muy bien valorada por los expertos, desde el punto de vista estrictamente técnico, nada tuvo que ver con las estructuras del Estado.

En un primer momento el Gobierno se desmarcó de la medida, endosable a la dirección de los organizadores de ARCO. Y en un segundo momento, por boca del portavoz y ministro de Cultura, Méndez de Vigo, llegó a decir que además de tratarse de una decisión democráticamente inaceptable a la luz de los principios democráticos, le parecía contraproducente.

Por ahí, con unos u otros matices, ha ido el resto de los partidos. Incluido el PSOE, aunque algunas interpretaciones perversas de una reacción inicial de la portavoz parlamentaria, Margarita Robles, trataron de presentarla ante la opinión publica como un personaje inesperadamente retrógrado. Lo cual nada tiene que ver con la realidad. Al menos después de las precisiones de Robles, en las que puso el principio de la libertad de expresión por encima de todo en este asunto.

Lo primero a destacar es que la reacción en defensa de la libertad de expresión ha sido espontánea. Un verdadero clamor de la sociedad. La opinión pública se ha manifestado masivamente en contra de la retirada de la obra. Incluso quienes lo decidieron luego pidieron disculpas. Y eso es un luminoso síntoma de buena salud democrática.

De acuerdo. Pero en ningún caso hemos de confundir ese síntoma con la propuesta del artista y su tesis de que en España hay presos políticos. De hecho, no se ha confundido, puesto que el clamor en la denuncia contra un ataque a la libertad de expresión artística ha sido equivalente al clamor en el rechazo de la tesis que pretende convencernos de que en España se encarcela a los ciudadanos por tener determinadas ideas políticas.

Tan sintomático de la buena salud democrática que gozamos es denunciar un atropello a la libertad creadora del artista como defender el funcionamiento del Estado de Derecho.

La propuesta de Sierra es la existencia de presos políticos en España. Los cuatro que están en la cárcel como presuntos responsables de un delito contra el Estado lo están no por sus ideas sino por unas conductas previamente descritas como supuestos delictivos, aunque se hayan producido en el ejercicio de la actividad política que, como el resto de las actividades humanas en el seno de una sociedad, tienen sus límites en el consabido marco de derechos y deberes por el que nos regimos.